UBER Y CABIFY, PELIGRO PARA LOS MEXICANOS


DE NORTE A SUR

POR DARÍO ALVARADO

Desde que las empresa Uber y Cabify llegaron a México, ninguna autoridad ha podido reglamentarlas y tener un control estricto sobre los choferes, que en algunos de los casos se han convertido en asaltantes, feminicidas y hasta asesinos de niños.

La situación de violencia en la que se encuentra sumergido el país también ha sido parte de dichas empresas, que brindan el servicio de taxi y que sin poseer una licencia de las autoridades en las entidades para operar, lo hacen bajo el cobijo de los vacíos legales de las leyes mexicanas.

Lo más grave es que no existe un escrutinio sobre los choferes que brindan el servicio, ni por parte de dichas empresas y mucho menos de las autoridades, lo que ha provocado que delincuentes, amantes de los ajeno y drogadictos logren cubrir los requisitos que solicitan para obtener el empleo en el que no sólo ganan dinero, sino que logran saciar sus más bajos instintos.

No generalizo que el problema sea de todos los choferes de Uber y Cabify, porque también los hay honrados, con valores y serviciales.

Lo que hemos visto en los últimos meses en México no sólo nos hace cuestionar el nulo trabajo de velar por la seguridad de los usuarios por parte de estas empresas y las autoridades, sino que también nos sumamos a las exigencias de las víctimas que han visto cegada su vida a manos de choferes delincuentes y exigen justicia.

Asesinos y agresivos

Cómo no recordar aquel 7 de septiembre de 2017, cuando la jovencita Mara Fernanda Castilla Miranda fue violada y luego asesinada en Puebla a manos de Ricardo Alexis “N.”, chofer de la empresa Cabify.

El gobierno de Puebla lo único que hizo fue cancelar la operación de la empresa sólo por unos meses, y cuando regresó a la operación, en diciembre de ese año, fue captado por una cámara de video vigilancia el chofer José Froylán, de Cabify, cuando pateaba a una mujer que se desempeñaba como guardia de seguridad del Fraccionamiento Vista Alegre de Puebla.

Estos hechos demostraron que los choferes no son confiables, que no se les hizo ningún examen toxicológico, psicológico y médico, y ni qué decir de los antecedentes penales, que a como está nuestro país sumergido en la corrupción, es muy fácil conseguir una carta de no antecedentes.

Mataniños

Otro caso que ha indignado al país entero ocurrió hace apenas unos días y es el de la niña Seyni Camila Cobos de 7 años de edad, quien fue secuestrada a una cuadra de su domicilio en Chihuahua por un chofer de Uber, quien la violó, asesino y tuvo la sangre fría de filmar todo en su celular.

El chofer, José Manuel “N.” de 25 años de edad, primero argumentó que había sido contratado por sujetos armados para raptar a la niña y entregárselas, pero después al analizar el celular del que borró videos y fotografías, se logró mediante un sistema de la Fiscalía de Chihuahua recuperar esa información, hallando el video en que se descubrió el asesinato.

Este lamentable hecho también nos habla de la crueldad del asesino y de la falta de cuidado que tiene Uber para contratar a sus choferes, dando un claro mensaje de que lo único que buscar es hacer negocio pero no velar por la seguridad de sus usuarios.

Lo único que hizo la empresa fue emitir un comunicado de prensa tras darse a conocer el asesinato de Seyni Camila Cobos, en el que precisa que el hecho no ocurrió durante un viaje, es decir, se deslindaba del tema y de su chofer.

Y de casos como ese, Uber se deslinda de hasta el más pequeño, como robos, asaltos y violaciones, argumentando que no fue durante el viaje y uso de la aplicación.

¿Cómo la ven?

 

Dueños de autos, otras víctimas

Y quien tenga duda de un gran porcentaje de los choferes que rentan un automóvil para trabajar en las plataformas Uber y Cabify son estafadores y delincuentes, pregúnteles a los dueños de dichas unidades motrices.

Son cientos los casos de propietarios que invirtieron en la compra de los carros y no han podido pagarlos porque los choferes no cubren las cuotas semanales, chocan los automotores, fingen asaltos y hasta secuestros, sin que las empresas den la cara sobre los sujetos que ellas mismas recomiendan para el arrendamiento de las unidades.

Lo anterior demuestra que en México no hay quien aplique la ley y meta en cintura a dichas empresas, que, como lo he dicho, operan ante los vacíos que tienen nuestras leyes.

Pero, entonces, ¿esto seguirá ocurriendo hasta que le pase una tragedia a un político importante?

¡Vaya que hay una complicidad entre gobierno y empresa! ¿Usted qué opina?

Comentarios: redaccion@darioalvaradonoticias.com

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