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Por Jessica Rosales

Anhelados son aquellos años cuando la Dirección para Promover la Igualdad y Erradicar la Discriminación estaba en manos de Laura Martínez Rivera. La exfuncionaria realizaba un trabajo activo y productivo en favor de los grupos vulnerables.

En periodos cortos de tiempo recibía un gran número de quejas y no porque el problema estuviera incrementándose sino porque los servicios de esta oficina estaban a disposición de los ciudadanos con quienes logró un gran vínculo para atender sus inquietudes.

Laura Martínez hizo un trabajo impecable, y para muestra, están los testigos de la información que se documentó durante su paso por esta dependencia que avalan la atención que brindó.

Recibió quejas, investigó y sancionó a dependencias, empresas y particulares, pero además emprendió talleres de sensibilización que permitieron que en Coahuila se conocieran los derechos de los ciudadanos en esta materia, cualquiera que incurriera en un acto de discriminación podía ser sancionado.

Pero eso fue hace muchos años, pues en 2007 Lorena Bermea tomó por primera vez las riendas de la Dirección; luego se fue como regidora en Saltillo, en donde tampoco presentó resultados; y después, en 2014 regresó a la dependencia estatal, en la cual brincó a la actual administración.

En todos esos años, se ha negado a rendir cuentas sobre el trabajo que realiza al frente de esta oficina, argumentando siempre asuntos personales, alegando lutos y misas, cada vez que se le requiere. Evita -en horas de trabajo- atender a los medios de comunicación para responder preguntas básicas: ¿Cuántas quejas ha recibido? ¿Qué grupos son los más discriminados? ¿Qué sanciones ha emitido?

Habría que ver si en razón de esos asuntos personales por los que se ausenta de su jornada laboral se le descuentan los 2 mil 500 pesos que gana por día, pues según la página de transparencia del Gobierno del Estado un Director General como es el cargo que ostenta Lorena Bermea percibe mensualmente 76 mil pesos brutos.

Urge que el gobernador Miguel Riquelme Solís voltee a ver todas estas dependencias en las que sus titulares “nadan de muertito”, aprovechando que nadie les pide cuentas, porque ¿de quién dependen? Se supone que esta oficina debe rendir cuentas a la Secretaría de Gobierno que encabeza José María Fraustro Siller, quien probablemente no se ha percatado de esta situación.

Bien hacen organismos civiles, principalmente aquellos víctimas de discriminación, en pedir el cese de esta funcionaria, pues urge nombrar a alguien a quien realmente le interese velar por los derechos de los grupos de la población vulnerables, los más afectados con esta situación en Coahuila.

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