Redacción
El Gobierno de Estados Unidos presentó ayer un plan para reforzar la frontera con México frente a la inmigración irregular, pese a que su política migratoria depende en la actualidad de los tribunales.
En una huida hacia adelante, la Administración del presidente Joe Biden lanzó una iniciativa de seis puntos para mandar más agentes a la frontera –600 efectivos adicionales para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés)– y mejorar la eficiencia en la tramitación de los casos de migrantes, entre otros.
Todo esto para estar preparado, si la Justicia lo permite, para la anulación el 23 de mayo del Título 42, una norma sanitaria por la que EU ha estado expulsando a indocumentados con el pretexto de la pandemia desde el mandato de Trump (2017-2021) y que ahora Biden busca revocar.
El Gobierno presentó un plan para afrontar la previsible llegada masiva de migrantes tras el levantamiento del Título 42, pese a que el lunes un juez federal de Luisiana anunció que va a bloquear la decisión del Ejecutivo de acabar con esa normal.
Funcionarios de alto rango de la Administración indicaron en una llamada con periodistas que, pese a que no tiene “ningún sentido” y están en desacuerdo con la decisión del juez de Luisiana, el Ejecutivo cumplirá con la orden del magistrado cuando sea expedida.
Aún así, explicaron que, una vez que el Título 42 sea levantado, el Gobierno pretende “expandir de forma significativa” las expulsiones rápidas en la frontera a través del Título 8, que es la norma estándar por la que Estados Unidos realiza las deportaciones.
La expansión de esas expulsiones rápidas es uno de los seis pilares del plan de Biden, que también busca reforzar la cooperación en materia migratoria con otros países de la región.
El futuro del Título 42 depende de la Justicia, así como el polémico programa migratorio “Quédate en México”, instaurado en 2019 por Trump para devolver al país vecino a los demandantes de asilo en EU.
El Tribunal Supremo estadounidense escuchó ayer los argumentos orales de un caso en el que tiene que decidir si la Administración de Biden tiene derecho a rescindir dicho programa, cuyo nombre oficial es “Protocolos de Protección de Migrantes” (MPP, en inglés).
No está claro hacia dónde se inclinará la balanza en el Supremo, aunque se ha percibido cierto escepticismo hacia los esfuerzos de los estados de Texas y Misuri de impedir que termine este programa.
