Las autoridades judiciales de Nicaragua despojaron de la nacionalidad a 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el pasado jueves 5 de septiembre, y ordenaron además el decomiso de sus bienes, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial “ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Los 135 desnacionalizados también incitaron y promovieron “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”, según la sentencia.
