Tras una intensa sesión que duró más de seis horas, el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor y 39 en contra las reformas constitucionales que devuelven a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el estatus de empresas públicas del Estado. Este cambio, impulsado por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT, elimina la obligación de ambas entidades de generar rentabilidad como empresas productivas del Estado, priorizando ahora su función social.
El decreto modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, estableciendo que tanto Pemex como la CFE tendrán como objetivo principal garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público, dejando en segundo plano el criterio de rentabilidad. Aunque se permitirá la participación de privados en otras actividades de la industria eléctrica, las enmiendas subrayan que dicha intervención no tendrá prevalencia sobre la función de las empresas públicas.
Asimismo, la reforma introdujo cambios clave en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet, las cuales, aunque estarán controladas exclusivamente por el Estado, no constituirán monopolios. Además, se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional estarán orientados a preservar la seguridad y autosuficiencia energética del país, ofreciendo electricidad a precios accesibles para la población.
Antes de aprobar esta reforma, los senadores también votaron a favor de una enmienda al Artículo 28 de la Constitución, que otorga al Estado mexicano el control sobre las vías ferroviarias, permitiendo tanto el transporte de carga como de pasajeros bajo concesiones públicas o privadas.
