Organizaciones de familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda han rechazado la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender la crisis de desapariciones en México, argumentando que el planteamiento exhibe un desconocimiento de los mecanismos institucionales ya existentes. En una carta firmada por centenares de familiares de víctimas, activistas y agrupaciones sociales, se señalaron errores en los seis puntos de la propuesta presidencial y se presentaron observaciones y alternativas para mejorarla.
Los firmantes hicieron un llamado a los asesores de la mandataria para que le brinden información precisa sobre las leyes y procedimientos vigentes en materia de desaparición forzada y criticaron que lo expuesto por el gobierno pueda estar basado en ignorancia o en una intención de engañar a la sociedad. Expresaron su disposición a dialogar, pero solo cuando la administración federal muestre un compromiso real con la problemática.
Uno de los principales cuestionamientos es el aumento presupuestal y de capacidades para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sin la destitución de su titular, Guadalupe Reyes Sahagún, quien fue nombrada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las organizaciones recalcan que Reyes Sahagún no cuenta con el respaldo de los familiares de víctimas debido a su falta de capacidad técnica y a su negativa de establecer un diálogo con ellos. Exigen que su reemplazo se realice con la participación de colectivos, tal como lo estipula la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Asimismo, se exige la destitución de Martha Yuriria Rodríguez, actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señalando que un cambio en la dirección es más importante que el simple aumento de presupuesto. También instan a que se convoque al Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se priorice la sensibilidad en el trato a los afectados.
Las organizaciones también criticaron la intención del gobierno de crear una cédula de identidad como parte de la estrategia para enfrentar la crisis de desapariciones, comparándola con una propuesta de Felipe Calderón que consideran ineficaz para abordar el problema. Además, señalaron que las modificaciones planteadas en la Ley General en materia de datos forenses ignoran las responsabilidades que ya tiene la Fiscalía General de la República (FGR), la cual no ha aplicado las disposiciones existentes.
Otro de los puntos cuestionados es la propuesta de crear nuevos protocolos de búsqueda, cuando ya existen mecanismos establecidos que no se han aplicado debido a la falta de voluntad política y a los pactos de impunidad dentro del sistema de justicia. Advirtieron que los Ministerios Públicos y las Fiscalías siguen siendo los principales obstáculos en los procesos de búsqueda.
Finalmente, los colectivos rechazaron la idea de equiparar la desaparición forzada con el delito de secuestro, al considerarlo un retroceso que ignora la dinámica criminal y la investigación especializada que requiere cada caso. También exigieron mayor transparencia en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), proponiendo la publicación de informes mensuales que no solo reporten las desapariciones diarias, sino también las personas localizadas y los avances judiciales.
“El gobierno tiene la responsabilidad de buscar y encontrar a los desaparecidos. Pero mientras los edificios gubernamentales permanecen cerrados y amurallados, somos las familias quienes seguimos hallando a nuestros seres queridos sin apoyo del Estado mexicano”, concluyeron en su carta dirigida a la presidenta.
