Lo que prometía ser una noche de celebración terminó en una de las peores tragedias que ha vivido República Dominicana. La madrugada del 8 de abril de 2025, la emblemática discoteca Jet Set colapsó durante una presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez. El techo cedió de manera estrepitosa, enterrando entre escombros a más de 300 personas. El saldo fue devastador: 231 fallecidos, entre ellos el propio artista y el primer teniente de la Policía Nacional, Virgilio Cruz.
Primer paso hacia la justicia: la familia Cruz alza la voz
Este martes 15 de abril, la familia del teniente Virgilio Cruz presentó una demanda formal ante la Fiscalía dominicana. El documento solicita la imputación por homicidio involuntario a los propietarios de la discoteca y denuncia a las autoridades estatales por omisión en su deber de fiscalizar y garantizar la seguridad estructural del establecimiento.
La acción legal va dirigida al empresario Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, propietarios de Jet Set. Es la primera demanda conocida en el marco de esta tragedia, marcando el inicio de lo que podría ser un complejo y mediático proceso judicial.
Palabras del empresario: “Estamos a disposición de la justicia”
En respuesta a la demanda, el gerente de la discoteca, Antonio Espaillat, expresó estar “a entera disposición” de las autoridades judiciales. En una carta enviada a la Fiscalía, manifestó su disposición a colaborar con el proceso y sostuvo que actuarán “con respeto institucional y humano”.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas, la disposición no es suficiente. Piden justicia real, no solo declaraciones. Quieren ver responsables sancionados, no solo por los errores cometidos, sino también por las omisiones que permitieron que una tragedia de tal magnitud ocurriera.
¿Qué falló? El rol del Estado y la falta de fiscalización
La familia Cruz sostiene que el Estado dominicano también debe rendir cuentas. Según su demanda, hubo una evidente negligencia de las instituciones encargadas de evaluar y garantizar la seguridad de las edificaciones públicas.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ya inició una investigación técnica para determinar las causas del colapso. Por su parte, el presidente Luis Abinader ha sido enfático:
”Se debe saber qué pasó, por qué pasó y cómo pasó”.
Un caso que marcará precedentes en República Dominicana
Este caso podría sentar un precedente legal histórico en República Dominicana. No solo por el número de víctimas, sino por la posibilidad de que se juzgue tanto a empresarios como a funcionarios públicos por responsabilidad compartida en una tragedia evitable.
El dolor de 231 familias no se borra con declaraciones. Esta demanda es el primer paso para exigir verdad, justicia y reparación. Y aunque la herida sigue abierta, el camino hacia la justicia ha comenzado.
