A solo semanas de la histórica elección judicial del 1 de junio, un nuevo escándalo sacude al sistema electoral mexicano. La controversia comenzó con una petición explosiva firmada por los morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, quienes exigieron al INE cancelar las candidaturas de 26 aspirantes a jueces y magistrados, muchos de ellos señalados por vínculos con el crimen organizado o por no cumplir requisitos académicos.
Lo que parecía una acción en defensa de la legalidad pronto se convirtió en una disputa institucional. Durante la sesión del Consejo General, los consejeros del INE respondieron de forma contundente: no tenemos facultades legales para anular esas candidaturas. El problema, dijeron, está en otra parte.
Una tormenta institucional que se veía venir
La consejera Dania Ravel no se guardó nada: “Se pretende que el INE asuma la responsabilidad de cancelar estas candidaturas sin tener atribuciones constitucionales o legales para ello”. Lo que muchos no saben es que los perfiles de estos candidatos fueron aprobados por comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargados de verificar su idoneidad.
Y aquí es donde comienza el verdadero conflicto: ¿quién revisó —o dejó de revisar— los antecedentes de estos aspirantes? ¿Cómo llegaron a la boleta nombres como el de Fernando Escamilla, exabogado del “Z40”, líder de Los Zetas?
Los nombres que incomodan y las calificaciones que faltan
Según la solicitud de Noroña y Gutiérrez, ocho de los aspirantes no alcanzaron siquiera el promedio mínimo de ocho en su licenciatura. Otros 18 candidatos tienen investigaciones abiertas por parte de la FGR o han sido mencionados en reportes por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Pero el INE fue claro: no puede ni debe asumir una función que no le corresponde. Es más, el consejero Uuc-kib Espadas advirtió que aceptar esa tarea sentaría un precedente inconstitucional.
Los comités que no hicieron su trabajo
En un tono severo, la consejera Claudia Zavala fue directa: “Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora?”. Sus palabras reflejan una realidad preocupante: los comités de los tres poderes del Estado avalaron estos perfiles sin hacer las revisiones necesarias.
El INE no se quedó de brazos cruzados. Aunque rechazó la petición por improcedente, solicitó al Senado y la Cámara de Diputados información detallada sobre los perfiles cuestionados. De ganar en las urnas, el INE podría negarles la constancia de elección si se confirma que no cumplían con los requisitos.
¿Quién vigila a los que eligen?
Este caso deja al descubierto una verdad incómoda: en un proceso judicial sin precedentes, los controles fallaron desde el origen. Y mientras el país se prepara para votar por quienes impartirán justicia, los ciudadanos exigen respuestas.
La elección judicial de 2025 podría haber sido el inicio de una nueva etapa democrática. Sin embargo, hoy enfrenta la sombra de la desconfianza. El INE, sin armas legales, se ve obligado a ser testigo de un proceso cuestionado desde su base.
El mensaje es claro: la rendición de cuentas no puede delegarse, ni disolverse entre poderes. Los comités que avalaron estos nombres deben responder. Y los votantes, más que nunca, tienen la responsabilidad de decidir con conciencia.
