Lo que parecía un capítulo olvidado en la historia reciente de México, hoy volvió a tomar fuerza con una noticia que marca un precedente en la lucha contra la corrupción. Una jueza en Florida dictaminó que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa Cristina Pereyra, deben pagar más de 2,500 millones de dólares por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y corrupción.
Esta cifra millonaria no solo impacta por su magnitud, sino por lo que representa: el costo del saqueo al erario público, disfrazado durante años con contratos amañados y una red de empresas fachada.
De servidor público a millonario en la sombra
Corría el año 2012. García Luna había dejado su cargo, pero lo que vino después fue una transformación que pocos podían explicar: el exfuncionario comenzó a adquirir propiedades de lujo en Miami, Florida.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México no tardó en notar las inconsistencias. En 2021, presentó una demanda civil en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade. La acusación era clara: García Luna había operado un esquema de corrupción para desviar más de 250 millones de dólares desde el gobierno mexicano hacia cuentas y bienes en Estados Unidos.
El modus operandi: contratos manipulados y empresas fachada
El mecanismo era complejo pero efectivo. Según la UIF, entre 2012 y 2018, el exsecretario diseñó un entramado de contratos amañados, utilizando prestanombres y compañías creadas específicamente para recibir los recursos públicos.
Una vez recibido el dinero, se transfería rápidamente fuera de México, principalmente hacia el estado de Florida. Con esos fondos, García Luna adquirió al menos 28 propiedades, muchas de ellas vendidas incluso antes de que comenzara el proceso judicial.
La sentencia: una caída sin defensa
El proceso legal avanzó silenciosamente, mientras García Luna y su esposa se rehusaban a presentarse ante la corte. Cristina Pereyra participó brevemente a través de su abogado, pero posteriormente desapareció del proceso, ignorando audiencias y plazos.
La jueza había dado como límite el 28 de abril para llegar a un acuerdo o formalizar el juicio. Ante la inacción de la defensa, el tribunal falló en su contra este 22 de mayo, emitiendo una de las sentencias civiles más duras por corrupción relacionadas con un exfuncionario mexicano en Estados Unidos.
¿Qué implicaciones tiene esta sentencia?
Aunque García Luna ya enfrentaba cargos penales en EE.UU. por narcotráfico y crimen organizado, esta sentencia civil representa un golpe financiero y simbólico. Muestra que los mecanismos de justicia internacional pueden actuar ante el desvío de fondos públicos, incluso años después de cometidos los actos.
Además, sienta un precedente para futuras acciones legales contra funcionarios que hayan operado fuera del país. El dinero público robado puede recuperarse, y los culpables pueden rendir cuentas, incluso en tribunales extranjeros.
