En un barrio de Ciudad Juárez, un fuerte olor alertó a los vecinos del crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. Lo que parecía un mal olor se convirtió en horror: al ingresar, autoridades hallaron 383 cuerpos apilados, algunos en carrozas, sin electricidad ni refrigeración. El descubrimiento desató una de las crisis forenses más graves del país y destapó un esquema de fraude y abandono criminal.
🕵️♀️ Identificación forense: un proceso complejo y urgente
La Fiscalía de Chihuahua informó que ya se han analizado 96 cuerpos y recuperado huellas en cuatro para cotejar con el INE. Además, se aplican técnicas de hidratación sobre otros 15. Un equipo especializado de 40 peritos, ministerios públicos, psicólogos y trabajadores sociales orienta a más de 600 familiares que buscan identificar a sus seres queridos.
🚨 Cenizas falsas: engaño millonario a las familias
Durante años, al menos cinco funerarias enviaban cadáveres al crematorio, donde no se procesaban. En su lugar se entregaban cenizas falsas – grava, tierra o piedras – para evitar reclamos. Aunque el dueño y un empleado fueron detenidos, la Coespris y autoridades ambientales también enfrentan denuncias por omisión en inspecciones sanitarias.
⚖️ Sanciones, investigaciones y exigencia ciudadana
Se han abierto carpetas por inhumación y exhumación indebida, así como violaciones a la Ley General de Salud. Las penas podrían alcanzar hasta 16 años de prisión. Las familias exigen transparencia total, identificación científica de restos, y seguimiento con consentimiento informado.
Organizaciones civiles respaldan estas exigencias y denuncian que el fiscal general calificó como “difícil” resolver la identidad de los cuerpos, lo que intensifica el reclamo popular y el debate sobre impunidad y negligencia institucional.
📝 ¿Qué sigue para las autoridades?
El dueño y su empleado permanecen en prisión preventiva. Ahora se avanza en la identificación individual, aunque se prevé que el ADN resultará muy dañado por embalsamamiento prolongado. Las autoridades revisan expedientes de las últimas cinco años de funerarias vinculadas. Además, se estudia el papel de Coespris y la autoridad municipal por permitir que operara sin permisos ni supervisión.
