El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios públicos y exdirectivos de organismos del Estado.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende limitar los ingresos que ciertos servidores públicos perciben una vez que concluyen sus funciones.
La propuesta fue avalada por el pleno con 115 votos a favor y seis abstenciones, lo que refleja un amplio respaldo legislativo a la medida.
El objetivo central es reducir pagos considerados excesivos dentro del sector público y establecer criterios más estrictos para las pensiones que se otorgan tras el desempeño de cargos en el gobierno.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la reforma plantea modificaciones al artículo 127 de la Constitución para fijar un nuevo límite a estas pensiones.
El texto establece que ninguna pensión en el país podrá superar la mitad del salario mensual de la persona titular del Poder Ejecutivo federal, lo que equivaldría aproximadamente a 70 mil pesos al mes.
Además de limitar los montos, la medida busca generar un ahorro estimado de alrededor de cinco mil millones de pesos anuales para las finanzas públicas.
El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado, discutido y votado para continuar con el proceso legislativo, contemplando excepciones únicamente para integrantes de las Fuerzas Armadas y otros casos específicos previstos por la ley.
