El presidente de Nayib Bukele promovió una reforma constitucional en El Salvador que permitiría imponer cadena perpetua a personas responsables de delitos graves, en especial a integrantes de pandillas vinculados con homicidios, violaciones y actos de terrorismo.
La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador con el respaldo de la mayoría oficialista, lo que representa un cambio significativo en la legislación del país, ya que anteriormente la Constitución establecía límites a las penas máximas de prisión.
De acuerdo con el gobierno salvadoreño, la reforma forma parte de la estrategia de seguridad que se ha implementado en los últimos años para combatir a las pandillas, organizaciones criminales que durante décadas han sido responsables de altos niveles de violencia en el país.
Las autoridades sostienen que el endurecimiento de las penas busca evitar que delincuentes considerados de alta peligrosidad puedan recuperar su libertad y reincidir en actividades criminales, reforzando así el combate contra estas estructuras.
La medida se enmarca dentro de la política de seguridad impulsada por Bukele, la cual ha incluido operativos masivos y detenciones de miles de presuntos integrantes de pandillas desde la implementación del régimen de excepción en 2022.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en el respeto al debido proceso y en las garantías individuales de las personas detenidas.
A pesar de las críticas, el gobierno salvadoreño defiende que su estrategia ha permitido reducir considerablemente los índices de violencia y homicidios, argumentando que la prioridad es garantizar la seguridad de la población.
La reforma deberá completar los procesos legislativos correspondientes antes de entrar plenamente en vigor, pero ya se perfila como uno de los cambios más importantes en materia penal en la historia reciente del país.
