Estados Unidos ha comenzado a relajar el cerco financiero que mantuvo sobre el gobierno de Venezuela durante casi una década. La Oficina de Control de Activos Extranjeras (OFAC) del Departamento del Tesoro levantó parcialmente las sanciones impuestas en 2017 contra el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras tres entidades financieras públicas del país.
Estas medidas, que previamente excluyeron a Venezuela del sistema financiero internacional, fueron originalmente implementadas por Washington ante acusaciones de violaciones a los derechos humanos y desmantelamiento de la democracia. El reciente ajuste se produce en un contexto de nueva sintonía entre la Casa Blanca y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Un respiro para la economía venezolana
La flexibilización de las sanciones, contenida en la licencia general número 57, autoriza transacciones de servicios financieros con los bancos estatales venezolanos, permitiéndoles retomar el acceso al sistema financiero global. Expertos consultados por BBC Mundo señalan que esto tendrá implicaciones profundas para los ciudadanos.
Entre los efectos más esperados está el freno a la devaluación del bolívar y el control de la inflación. El economista José Guerra, exdirector del BCV, explica que la licencia facilitará al Banco Central la inyección de dólares al mercado, lo que ayudará a estabilizar la tasa de cambio y permitirá la importación de efectivo, una necesidad urgente para el control cambiario.
En el primer trimestre del año, el bolívar sufrió una depreciación del 36,4%, y la inflación alcanzó el 71,8%. Con la economía de facto dolarizada, esta relajación de sanciones busca mitigar el riesgo de una nueva hiperinflación, con proyecciones del FMI indicando un crecimiento del 4% para 2026, impulsado por el sector petrolero.
Atracción de inversiones y limitaciones
Una segunda licencia, la número 56, autoriza a empresas estadounidenses a suscribir contratos con autoridades venezolanas, abriendo la puerta a nuevas inversiones extranjeras. Esto es fundamental para operaciones como abrir cuentas en el extranjero, realizar transferencias y remitir utilidades, según Guerra.
Sin embargo, la llegada de inversiones dependerá también de la rentabilidad de los proyectos y la seguridad jurídica en Venezuela. La licencia mantiene prohibiciones importantes, como las operaciones con bonos de PDVSA y cualquier proyecto que involucre capital o personal de países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China. Esta estrategia se percibe como una “limpieza” geopolítica.
Adicionalmente, las medidas podrían permitir a Venezuela acceder a recursos financieros internacionales, como los US$ 4.800 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, y potencialmente, a las 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Esto último, sin embargo, requerirá coordinación y podría implicar que los fondos se depositen en cuentas bajo control del gobierno de EE.UU.
Si bien estas licencias representan un primer paso crucial, los expertos advierten que la reconstrucción económica de Venezuela exige medidas adicionales. Es fundamental reinstitucionalizar al BCV y devolverle su independencia, la cual fue mermada en 2009.
Abogados como Fernando Fernández señalan que a esta transición financiera y económica debe seguir un cambio político, con elecciones generales competitivas y libres, además de una profunda reforma del Estado. Las licencias, insisten, son un mecanismo básico para agilizar inversiones y comercio, no una liberación total de las sanciones, y deben acompañarse de controles públicos y rendición de cuentas para combatir la corrupción.
