México ha superado la alarmante cifra de 100 mil personas privadas de su libertad que aún no cuentan con una sentencia firme. Según datos del colectivo No Más Presos Inocentes, este hecho pone de manifiesto una profunda crisis dentro del sistema de justicia penal del país, desafiando principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Actualmente, 102 mil 53 individuos se encuentran bajo prisión preventiva, lo que constituye el 40.4 por ciento de la totalidad de la población penitenciaria en México. Esto significa que cuatro de cada diez internos aguardan tras las rejas mientras su situación jurídica permanece sin resolución, una situación que genera cuestionamientos sobre la eficacia y equidad del sistema judicial.
La problemática de la prisión preventiva oficiosa
La organización No Más Presos Inocentes subraya que el incremento de personas encarceladas sin una sentencia definitiva está directamente ligado al uso extendido de la prisión preventiva oficiosa. Esta medida, aplicada de forma automática para un creciente catálogo de delitos, es vista como un factor que agrava la saturación de los centros penitenciarios y prolonga los procesos judiciales.
Detrás de estas estadísticas, el colectivo asegura que se esconden miles de relatos de presuntas irregularidades. Entre las denuncias más recurrentes se encuentran la fabricación de pruebas, actos de tortura para obtener confesiones y violaciones flagrantes al debido proceso, lo que compromete la legitimidad de las detenciones y los juicios.
Un ejemplo paradigmático es el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes estuvieron 17 años en prisión preventiva por acusaciones de homicidio antes de ser absueltos. Su situación llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual condenó al Estado mexicano por el uso indebido de esta medida cautelar, sentando un precedente importante.
Casos recientes y llamados a la reforma
El colectivo también ha señalado el caso de Víctor Hugo Romero Domínguez, quien se encuentra recluido en el penal de Chiconautla, Estado de México, acusado de feminicidio. Su defensa y familiares han denunciado diversas irregularidades en el proceso, incluyendo periodos de incomunicación, la supuesta integración de carpetas de investigación adicionales y discrepancias en los dictámenes periciales.
Expertos en justicia advierten que la presión por resolver rápidamente casos de alto impacto puede conducir a investigaciones deficientes y apresuradas. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI revela que el 49 por ciento de los detenidos reportó haber sufrido violencia física o psicológica durante su arresto, con el objetivo de forzar confesiones, lo cual es una grave violación a los derechos humanos.
Además, el estudio destaca que el 64 por ciento de la población penitenciaria depende de defensores públicos. Esta realidad, según organizaciones civiles, representa otro obstáculo significativo para garantizar un acceso efectivo a la justicia, pues limita la calidad y la continuidad de la defensa legal.
Ante este panorama, las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan instando a fortalecer las investigaciones, agilizar los procesos judiciales y asegurar el pleno respeto al debido proceso. La meta es garantizar que todas las personas involucradas en el sistema de justicia reciban un trato justo y equitativo, sin importar su situación económica o social.
