Una grave denuncia por presunta agresión sexual grupal en la Universidad Cornell, una prestigiosa institución de la Ivy League en Estados Unidos, ha provocado nuevas investigaciones casi dos años después de los hechos. Una exalumna sostiene que siete integrantes de la fraternidad Chi Phi la agredieron sexualmente durante varias horas en octubre de 2024, tras consumir alcohol y drogas.
El caso ha resurgido con fuerza en septiembre de 2026, cuando la joven, identificada judicialmente como Jane Doe, interpuso una demanda civil contra la universidad, organizaciones vinculadas a la fraternidad, siete estudiantes y exestudiantes. Hasta la fecha, ninguno de los hombres señalados ha enfrentado cargos penales por los hechos.
La controversia se intensificó al trascender que algunos de los acusados tuvieron la posibilidad de presentar ensayos como parte del proceso disciplinario universitario. La demanda afirma que solo dos fueron expulsados, mientras que otros habrían recibido sanciones menores, generando indignación en la comunidad.
Según el relato de la demanda, la entonces estudiante de 20 años llegó a la casa de la fraternidad Chi Phi en Ithaca, Nueva York, ya bajo los efectos del alcohol. Allí, dos miembros la habrían presionado para consumir una sustancia que identificaron como ketamina, además de marihuana y más alcohol.
La agresión sexual habría comenzado posteriormente, y la demanda incluye una captura de pantalla de un grupo de Snapchat, supuestamente enviado por uno de los hombres, que invitaba a otros integrantes de la fraternidad a unirse en la habitación con la joven, mientras esta se encontraba intoxicada.
La Universidad Cornell, por su parte, rechaza que un ensayo haya sido la única consecuencia para los involucrados. Asegura haber llevado a cabo una investigación exhaustiva durante varios meses, que culminó en audiencias y resultó en sanciones que incluyeron suspensiones y expulsiones. Además, la fraternidad Chi Phi fue clausurada tras la investigación.
Inicialmente, la Fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos criminales tras la denuncia de Doe en noviembre de 2024, basándose en la investigación policial universitaria. El fiscal Matthew Van Houten explicó que la declaración jurada inicial de la mujer no sostenía haber sido drogada sin consentimiento o coaccionada físicamente.
Sin embargo, tras la nueva demanda y la revelación de la captura de Snapchat, el fiscal Van Houten anunció el 28 de septiembre de 2026 la reapertura de la investigación criminal. La Fiscalía ahora revisará nuevas pruebas y las presentará ante un gran jurado para determinar la existencia de fundamento para cargos penales.
