Un conflicto vecinal en La Matanza, Argentina, escaló hasta los tribunales, donde una mujer de 75 años presentó una demanda contra su vecina, de 76, por supuestas filtraciones que afectaban una pared medianera. La demandante exigía una considerable indemnización de aproximadamente 800.000 pesos argentinos para cubrir los gastos de reparación.
El reclamo judicial se basaba en la premisa de que el constante deterioro de la pared divisoria era resultado directo de unos presuntos canteros ubicados en el lado de la propiedad de la vecina. La mujer buscaba que se le resarciera económicamente por los costos de arreglo y pintura de su vivienda.
La verdad detrás de la humedad: un informe técnico decisivo
Sin embargo, el curso del proceso judicial tomó un giro inesperado con la incorporación de una prueba técnica fundamental. Un perito ingeniero llevó a cabo una exhaustiva inspección de la pared medianera, revelando que la estructura tenía casi medio siglo de antigüedad desde su construcción original.
El informe pericial concluyó de manera contundente que el origen de las filtraciones no guardaba relación alguna con el inmueble de la vecina demandada. En su lugar, la inspección determinó que las manchas y el deterioro observado eran consecuencia directa de la falta de mantenimiento por parte de la propia reclamante y el desgaste natural de la capa aislante de su lado.
En contraste, el sector de la pared correspondiente a la mujer de 76 años presentaba un adecuado sellado y una correcta terminación en la mampostería. Durante el juicio, la demandada refutó la existencia de canteros fijos, aclarando que en esa zona solo tenía macetas móviles y que había realizado obras de impermeabilización preventivas.
Resolución judicial y el costo de la demanda
Con todas las conclusiones técnicas sobre la mesa, el juez a cargo del caso analizó minuciosamente las pruebas. La resolución final dictaminó que no se pudo acreditar de ninguna forma que la vecina hubiera sido la causante de los daños en la divisoria.
Por consiguiente, el tribunal decidió desestimar por completo la demanda por 800.000 pesos argentinos (equivalente a unos 9.671 pesos mexicanos) presentada por la mujer. Además de rechazar la indemnización solicitada, la sentencia estableció que la demandante debería afrontar la totalidad de las costas del proceso judicial.
Este expediente judicial subraya la importancia crítica de verificar técnicamente el verdadero origen de las filtraciones y daños antes de asignar responsabilidades legales entre vecinos. La antigüedad de las construcciones, el estado de conservación particular de cada sección y el desgaste inherente de los materiales resultaron ser los factores determinantes para resolver este conflicto vecinal.
