Colabora UAdeC en la firma de convenio ‘Ciudades Inteligentes con Protección de Datos Personales’


En el marco del Programa Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó que el convenio representa la convergencia de los esfuerzos institucionales que entre sociedad y gobierno se llevan a cabo con el propósito de elevar el bienestar de la población en un entorno globalizado e inscrito en la era digital.

Las principales líneas de acción, son avances graduales en la construcción de ciudades más seguras, competitivas, igualitarias, incluyentes, solidarias y garantes de los derechos humanos. El mayor compromiso es mantener la seguridad en el estado y reforzar la coordinación entre corporaciones de los distintos órdenes de gobierno, así como los gobiernos de los estados vecinos.

El Gobernador agradeció la colaboración de la AIDH y de la UAdeC por la colaboración que ha tenido con el gobierno en la implementación de políticas públicas que permita garantizar a la sociedad los derechos y prerrogativas fundamentales de todo ser humano.

“Somos el primer estado en implementar el sistema de videovigilancia con un software de tecnología de punta con más de mil 280 cámaras de video ubicadas en las diez ciudades de mayor población, y manteniendo vigilancia aérea permanente con los tres helicópteros que posee la entidad en las cinco regiones”, expresó.

Ponemos en marcha uno de los proyectos más ambiciosos en materia de seguridad y queremos garantizar que nuestra sociedad está a salvo que es para su protección y que además se establecerán medidas garantes en la constitución del marco jurídico para que así sea en una mediación entre gobierno y sociedad, donde el único objetivo es garantizar los derechos de la sociedad y mantener la seguridad, la paz y la tranquilidad de Coahuila.

Por su parte, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que Coahuila es una entidad pionera en la implementación del sistema de videovigilancia, hecho que da seguridad a la ciudadanía y que, con la firma del convenio, da garantía de que la información será tratada de manera adecuada acorde con los derechos humanos.

Irene Spigno, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC, presentó la política pública de Ciudades Inteligentes con Protección de Datos Personales dentro del Programa Estatal de Derechos Humanos.

Expresó que en el apartado de Buen Gobierno destacan tres garantías de política pública: 1.- promover las ciudades abiertas para asegurar la máxima publicidad con un enfoque de derechos humanos; 2.- la garantía de las ciudades éticas; y 3.- la política de ciudades inteligentes con protección de datos personales.

Siguiendo el tercer enfoque, se busca implementar herramientas tecnológicas al servicio de la seguridad de la ciudadanía, mediante una gestión avanzada que no solo prevenga y erradique hechos ilícitos, si no que el tratamiento de los datos personales cumpla con los más altos estándares de protección.

Aseguró que las ciudades inteligentes ayudan a mantener la seguridad y el orden público, a través de la tecnología se combate la delincuencia, se refuerza la investigación y persecución de delitos a través del monitoreo inteligente, en este sentido, recordó que las primeras cámaras en Europa tenían el objetivo de disuadir crímenes y se convirtieron en grandes aliados en las luchas contra el terrorismo y la alteración del orden publico al identificar y reaccionar de manera eficiente ante situaciones de emergencia.

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) en su labor de asesoría y vigilancia técnica en materia de Derechos Humanos, colabora en esta nueva estrategia estatal para velar con base en los estándares nacionales e internacionales en esta materia.

“Nuestra tarea académica es generar, dentro del espacio universitario, una propuesta para que el estado y la sociedad validen para que se cumplan los objetivos de que exista un marco legal especializado en la materia acorde a las normas internacionales de los derechos humanos”, señaló Spigno.

Se pretende que las medidas preventivas guarden proporcionalidad y que se reduzcan al mínimo los efectos desfavorables en los derechos de las personas; que se dispongan en medios de reparación efectiva para responder ante cualquier posible vulneración a derechos, así como establecer protocolos por el uso de herramientas tecnológicas.

Así como que los servicios de inteligencia estén debidamente supervisados en todo momento mediante instituciones y protocolos de control y confianza que se encarguen de proteger la información confidencial y los datos personales a los que se tengan acceso.

Además de que se promueva la cultura de legalidad en donde el estado sea un garante de protección de datos; que exista información sobre la pertinencia y veracidad sobre los datos utilizados por las agencias de inteligencia para que toda la información que transmitan o compartan sea destina a un fin acorde a los derechos humanos.

De esta forma, se garantiza que el tratamiento, utilización y transparencia de datos personales, sean útiles para el apoyo del diseño de la legislación para la instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia en la entidad, cumpliendo con el principio de Ciudades Inteligentes con Protección de Datos Personales.

El convenio fue signado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís; el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas; Salvador Hernández Vélez, rector de la UAdeC; Irene Spigno, directora general de la AIDH; José María Fraustro Siller, secretario de Gobierno de Coahuila; José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad Pública.

Además de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sonia Villarreal Pérez; Luis González Briseño, presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y Magdalena López Valdés, presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

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