La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a dos sujetos por el presunto homicidio del niño Joel Lizandro, de 15 años, quien era originario de Yucatán, pero viajó a Tulum para trabajar como albañil, en compañía de otros tres jóvenes, quienes permanecen como desaparecidos.
“La Fiscalía General del Estado informa que continúan las investigaciones relacionadas con el homicidio calificado de un adolescente, originario del estado de Yucatán, ocurrido el 8 de noviembre del presente año en un establecimiento ubicado en la zona costera de este municipio”, dijo la dependencia.
De acuerdo con la información de la dependencia, los dos detenidos son:
- Pedro Antonio “N”
- Juan Carlos “N”
Quienes se encuentran vinculados a proceso por su probable participación en homicidio calificado y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. También estarían vinculados con otro homicidio en Akumal el 30 de octubre del presente año.
“Papi, mami, yo me voy a trabajar para traer una economía mejor a la casa”
La historia de Joel Lizandro se remonta a octubre pasado, junto a otros tres jóvenes de la comunidad maya de Tekax, en Yucatán, salieron de sus casas para trabajar como albañiles en Tulum. Sin embargo, su familia perdió comunicación con él desde el 16 de octubre, según relató su tío Jesús a Telemundo.
“Papi, mami, yo me voy a trabajar para traer una economía mejor a la casa y podamos estar tranquilos”, les dijo Joel Lizandro a sus padres y familia. Los otros tres jóvenes con quienes el adolescente de 16 años salió de su comunidad también se encuentran desaparecidos.
Joel Lizandro fue asesinado el 8 de noviembre pasado por los dos hombres que detuvo la Fiscalía de Quintana Roo, la cual agregó al respecto: “De acuerdo con la línea de investigación, el móvil de este hecho estaría relacionado con disputas por la venta de estupefacientes, ya que la víctima presuntamente pertenecía a un grupo criminal contrario que opera en la región”.
Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N” se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por el término de dos años o lo que dure el proceso judicial.
