En Harvard, uno de cada cuatro estudiantes es extranjero. Son casi 6,800 jóvenes que vienen de más de 140 países, trayendo consigo idiomas, culturas, ideas y perspectivas que enriquecen no solo el campus, sino también el pensamiento global. Ahora, todos ellos enfrentan un limbo legal: deben trasladarse o arriesgarse a la deportación.
La administración Trump justifica la medida como una represalia ante la negativa de Harvard a reformar su programa de estudiantes internacionales y entregar información sobre actividades estudiantiles. La universidad, por su parte, lo llama lo que es: “una acción ilegal y arbitraria que atenta contra la libertad académica”.
¿Qué hay detrás de esta medida?
El trasfondo es mucho más profundo que un simple desacuerdo administrativo. Hace apenas un mes, la Casa Blanca congeló 2,200 millones de dólares en fondos federales para la universidad. El nuevo golpe, al corazón de su comunidad global, parece parte de una campaña para presionar a las instituciones que se oponen públicamente a la política migratoria del expresidente.
La revocación de la certificación SEVP no solo impide nuevas inscripciones, sino que obliga a los estudiantes actuales con visados F o J a transferirse a otras instituciones o enfrentar la salida del país. Varios de ellos ya han sufrido la cancelación arbitraria de sus registros migratorios, según denunció el abogado Bradley Bruce Banias.
La lucha legal y la resistencia estudiantil
Harvard no está sola. Un juez federal en San Francisco ya bloqueó una medida similar, y se espera que la universidad presente una apelación sólida en los tribunales. “Estamos comprometidos a proteger a nuestros estudiantes y defender el derecho a una educación libre de represalias políticas”, declaró su portavoz Jason Newton.
Mientras tanto, líderes estudiantiles como Abdullah Shahid Sial trabajan contrarreloj desde el extranjero para coordinar esfuerzos de apoyo y asesoramiento. “No es solo una política migratoria, es una declaración sobre qué tipo de nación queremos ser”, comentó.
¿Y la investigación académica?
El impacto va más allá de las aulas. Harvard lidera proyectos científicos globales con colaboración internacional. Sin estudiantes extranjeros, se pone en riesgo la innovación en áreas críticas como salud, tecnología y cambio climático. El economista Jason Furman fue tajante: “Es una tragedia académica”.
La única salida ofrecida por el DHS parece más un ultimátum: entregar información sensible de cinco años sobre los estudiantes, incluyendo videos de protestas. La respuesta de Harvard fue clara: protegerán la privacidad y los derechos de su comunidad.
La batalla apenas comienza. Pero mientras tanto, la pregunta permanece: ¿puede una nación que aspira a liderar el conocimiento cerrar sus puertas a quienes vienen a aprender?
