Cristina Romero Álvarez, conocida públicamente como la mamá de Abelito, compartió recientemente un comunicado a través de sus redes sociales donde expuso una grave denuncia. En él, señaló a diversos creadores de contenido por presunta violencia sexual ocurrida durante una fiesta.
Lo impactante de la situación es que, según el comunicado, los hechos quedaron registrados en vivo, lo que permitió que la audiencia se percatara de lo sucedido. Este incidente ha generado una fuerte controversia en el ámbito digital y del entretenimiento.
Los señalados directamente en esta denuncia ante las autoridades son los creadores de contenido Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén. La señora Romero Álvarez cataloga las acciones como tocamientos y roces de índole sexual realizados en contra de su voluntad.
Análisis legal de la denuncia
Conforme al Artículo 260 del Código Penal Federal de México, los individuos denunciados podrían haber incurrido en el delito de abuso sexual. Aunque este delito se persigue de oficio, en este caso particular se trata de una acusación directa presentada por la víctima, la mamá de Abelito.
La legislación establece que “comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo”.
Se especifica además que “se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”. Para que se configure el delito, estos actos deben haberse cometido sin consentimiento, lo que implica que “la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad”.
Consecuencias legales y multas
En cuanto a las posibles sanciones, el mismo Artículo 260 indica que se impondrá una pena de prisión de tres a siete años. Adicionalmente, se prevé una multa que oscila entre doscientas y quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Los involucrados también podrían ser obligados a asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres, o a prestar servicio social en beneficio del Estado o instituciones de beneficencia pública.
Considerando la UMA vigente para 2026, fijada en 117.31 pesos diarios, la multa económica podría variar desde aproximadamente 23 mil 462 pesos hasta los 58 mil 655 pesos, representando una carga significativa para los implicados.
