El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) estaría evaluando una medida sin precedentes para combatir la corrupción y el narcotráfico en México. De acuerdo con una reciente publicación del prestigioso diario The New York Times, fiscales federales han recibido instrucciones para “utilizar leyes antiterroristas” en la persecución de funcionarios mexicanos.
Esta decisión surge en un contexto donde el DOJ ha intensificado sus acciones, como lo demuestran las recientes detenciones. Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del mismo estado, fueron capturados tras una acusación formal emitida por la justicia estadounidense.
Según fuentes familiarizadas con el asunto, Aakash Singh, subprocurador general adjunto del Departamento de Justicia, habría anunciado la estrategia durante una conferencia. Se le habría instruido a los fiscales “triplicar el número de acusaciones” contra funcionarios gubernamentales corruptos en México.
La intención detrás de esta directriz es clara: atacar a aquellos que “utilizan su poder y cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”. Esto indica un endurecimiento en la postura estadounidense ante la complicidad de autoridades en las redes criminales.
La aplicación de leyes antiterroristas a casos de narcotráfico y corrupción de funcionarios mexicanos representa una escalada significativa. Tradicionalmente, este tipo de legislación se reserva para amenazas directas a la seguridad nacional de EE. UU. o actos de terrorismo internacional.
Expertos señalan que esta aproximación podría abrir nuevas vías legales y herramientas para los fiscales estadounidenses, permitiéndoles imponer penas más severas y aplicar medidas de rastreo de activos más amplias. La implicación para la relación bilateral entre México y Estados Unidos es considerable.
