Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que utiliza silla de ruedas, fue desalojada de su vivienda en Madrid en un evento que ha causado gran conmoción. La anciana había residido en ese inmueble durante casi siete décadas, convirtiéndolo en el único hogar que conocía.
El desalojo se llevó a cabo el miércoles por la tarde, siguiendo una orden judicial que puso fin a un prolongado litigio. A pesar de los esfuerzos de activistas y miembros de la comunidad local por evitar la acción, la mujer fue retirada de su domicilio.
El conflicto se originó en 2018, cuando el edificio, que operaba bajo un contrato de “renta antigua”, fue adquirido por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. A partir de ese momento, la nueva propietaria comenzó a exigir pagos significativamente más elevados.
La situación económica de Maricarmen se volvió insostenible, ya que la renta ascendía a 1,650 euros mensuales, mientras que sus ingresos por pensión apenas alcanzaban los 1,450 euros. Esta disparidad hacía inviable mantener el alquiler.
Beatriz Duro, abogada de la mujer, informó a los medios que la empresa inmobiliaria se negó a considerar cualquier alternativa que permitiera posponer el desalojo. Incluso una solicitud para extender el plazo por dos semanas, con el fin de que Maricarmen pudiera retirar sus pertenencias de manera organizada, fue rechazada.
Medios locales capturaron el momento en que la mujer de casi 90 años era trasladada en camilla fuera de su vivienda. Este caso ha reavivado el debate sobre la protección de los inquilinos de edad avanzada frente a las presiones del mercado inmobiliario.
