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Después de Pasta de Conchos han muerto 122 mineros y STPS mantiene 9 inspectores

El 4 de junio la Región Carbonífera de Coahuila se volvió a cubrir de luto: siete trabajadores murieron en una mina de Múzquiz. Después de Pasta de Conchos en 2006, al menos otros 122 mineros perdieron la vida en explosiones, derrumbes o inundaciones.

Siempre que Chinaco salía de su casa en el ejido La Mota, municipio de Múzquiz, Coahuila, a trabajar en la mina, le decía a su mujer y a sus cuatro hijos, “me voy, pero no sé si vuelva… Ai les encargo a papá”.

Esta vez la cosa era diferente: había llovido los últimos días de manera tempestuosa y la mina tenía agua.

Se corría el riesgo de que hubiera una inundación repentina dentro del yacimiento de carbón que pusiera en peligro la vida de Chinaco y de los demás mineros.

Pero si Chinaco no entraba a la veta a trabajar no recibiría sueldo.

Tenía que jalar para mantener a su familia: la comida, los estudios de sus hijos, las deudas.

Y entró.

Cerca del mediodía del 4 de junio, mientras Chinaco tumbaba carbón debajo de la mina de arrastre Micarán, situada en Mineral de Rancherías, municipio de Múzquiz, con otros seis de sus compañeros, la muerte llegó en forma de un golpe de agua que los sepultó a todos.

Los siete mineros fallecieron ahogados.

Sucedió en un instante.

Los mineros viejos de Rancherías explican que lo que pasó fue que un tajo, un enorme barranco, como grieta en la tierra, que se encuentra cerca del área de las minas de arrastre, y del cual, en 1960, se extrajo carbón, se había llenado de agua con las últimas lluvias.

No hay un dato exacto de cuántas minas inactivas como la que estaba cerca de Rancherías existen en la Carbonífera. La Secretaría de Economía tiene registro en la zona (Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Guerrero, Hidalgo y Juárez) de 513 concesiones mineras vigentes y 190 concesiones que ya expiraron. En el estado hay mil 324 concesiones mineras de todo tipo.

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Pero en el fondo de la tierra de la Carbonífera, todo es como un queso gruyer.

Así lo concibe Diego Martínez Carrillo, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica. Asegura que sobre minas inactivas en la zona, a veces existen registros y otras veces no, por lo que se desconocen dónde están los túneles.

“Eso es por falta de un topógrafo, geólogo, ingeniero minero, que haga los levantamientos para que delimiten hasta dónde llegan las minas”, explica.

En la mina de arrastre de Micarán existía un dique, bordo, barrera o resistencia que impedía que el agua del tajo se escapara, pero en otra mina que queda abajito del tajo otros carboneros rascaron el bordo para sacar mineral.

Como el dique quedó muy endeble, el agua del barranco comenzó a filtrarse.

Al no soportar la presión del agua la barrera se reventó y el agua se desbordó del tajo con toda su fuerza y corrió por túneles subterráneos hasta que llegó a la mina donde Chinaco y sus seis compañeros comenzaban su jornada.

Y ahí la corriente los alcanzó.

Los carboneros que se encontraban niveles más arriba en la cueva diagonal lograron salvarse.

El especialista Diego Martínez Carrillo expone que fue como un resumidero. Dice que por la misma pendiente debió haber llegado el agua hasta el lugar más profundo y lo convirtió en un depósito de agua.

Martínez Carrillo considera que era difícil prevenir. No opina lo mismo Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista. Él explica que una buena infraestructura lleva material de ademe, a base de parrillas de cielo, de vigas gruesas que refuercen bien el área para que no haya ningún derrumbe por explosión o agua. Añade que si le ponen parrillas o encapotado de madera, no humedece y no se desprende la tierra porque se logra sellar las fuentes de acceso. Agrega que los anchos de las entradas no eran los correctos. Eran muy pequeños.

Asegura que en el accidente de Múzquiz faltó observación de quienes tienen la obligación como el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de conocer de esas obras mineras.

“Para mí son minas pedorras. Ahí anduve en esas minas. No son minas, son pozos, no verticales, pero al fin pozos”, dirá Juan Manuel Maciel Mendoza, uno de los pocos mineros viejos que ya quedan en Rancherías.

Juan Manuel es uno de los tantos y tantos huérfanos que las minas han dejado en esta región.

Después de la tragedia de Pasta de Conchos donde murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, al menos otros 122 mineros encontraron la muerte mientras trabajaban, según estadística de la STPS entregada a través de una solicitud de información (97 fallecimientos en la industria extractiva de Coahuila según registro del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2007 al 2020).

Aunque la Organización Familia Pasta de Conchos tiene registros de 119 mineros que murieron después de Pasta de Conchos tan solo en la región Carbonífera.

El padre de Juan Manuel se había matado en la mina La Paloma, de Palaú, cuando él era un recién nacido.

Hubo un derrumbe, pero no es el único

En el recoveco de la mina donde el papá de Juan Manuel andaba se desprendió la tierra y lo tapó.

El hombre se mató.

Juan lo conoció nada más en fotografía.

A Davisín, el hermano de Chinaco, estuvo a punto de tragárselo el agua.

Cuando miró que se hundía quiso ir por él, pero Chinaco le hizo señas de que se fuera.

“Dice ’yo quería haber traído un mecate pa verle aventao a Chinaco, que se amarrara y traérmelo’”, cuenta don David Rodríguez Hernández, el papá de Chinaco.

Sin embargo, todos en Rancherías coinciden en una cosa: que la tragedia, como suele suceder en esta región, fue a causa de la negligencia de los encargados y el dueño de la veta y, por supuesto, de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la inspección y regulación de estos lugares.

Según la STPS en respuesta a una solicitud de información, previo al accidente realizó cuatro inspecciones a la mina MICARAN, S.A de C.V. Una el 10 de octubre de 2020, otra nueve días después. Una tercera inspección el 5 de noviembre y una cuarta inspección el 17 de marzo de 2021. En ninguna se encontraron razones para ser sancionada.

De acuerdo a otra solicitud de información (folio 0001400136921), la STPS reconoce que algunas inspecciones se llevan a cabo en minas donde no existe registro por tratarse de “nueva creación” y las cuales son detectadas hasta que se practica un censo. “De otros se conoce en el momento en que se presenta una queja o lamentablemente ocurre un accidente, lo que nos permite saber de su existencia y poder ordenar la inspección correspondiente”*.

Aunque la respuesta de la STPS de alguna forma excusa a las empresas, pues asegura que “actualmente no existe ordenamiento jurídico que señale la obligación de los patrones a registrar ante la Secretaría el inicio de sus operaciones”. Iniciar operaciones en una mina de carbón es como abrir una papelería.

Esa falta de control y vacío jurídico, es quizá una de las causas que desde la tragedia en Pasta de Conchos en 2006, cada año, invariablemente, la zona se cubre de dolor por algún accidente en minas de carbón. Pese a ese historial poco honroso, el 10 de junio, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su director Manuel Bartlett, de “responsabilidad moral” por la muerte de los siete mineros de Rancherías argumentando que con los ajustes y reducciones en los precios de compra de carbón, los productores destinaron menos recurso a temas de seguridad, como si antes no se hubieran presentado más de 60 accidentes fatales en los últimos 15 años, un promedio de cuatro cada año desde Pasta de Conchos.

Los productores creen que no solo es el bajo precio como dijo el Gobernador, sino también, y sobre todo, el diseño de contrato con la paraestatal lo que los tiene colapsados.

Eduardo Aguirre Jiménez presidente de la Unión de Auténticos Mineros en Sabinas refiere que anteriormente se pagaba en mil 300 pesos como precio base la tonelada de carbón. Ahora la CFE compra en mil 50 pesos la tonelada.

Dice que antes quedaba utilidad y se le invertía en temas como seguridad, pero ya no es posible por el margen que queda.

“Si no hay precio, no hay para hacer prevención. No hay para invertir en equipos, tecnologías, detectores de gas metano, tienes que estar calibrando los monitores permanentes de gas. La CFE está pagando lo mismo de hace 10 años, en 2012 estaba en 900 pesos, con todo y la inflación, sigue igual”, se queja un productor que pidió el anonimato.

Otros productores aseguran que el problema no se queda solo en lo expuesto por el Gobernador, sino que se agudiza por el diseño del contrato.

César Luis Ceniceros Marín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, señala que la CFE está pidiendo especificaciones técnicas de un carbón que no existe en la región.

El carbón tiene cuatro parámetros: porcentaje de ceniza, de humedad, de azufre y kilocalorías. La capacidad del carbón de generar energía son las kilocalorías; entre más alta, el carbón genera más calor. El promedio de la región es de 5 mil 500 kilocalorías. Sin embargo, los productores cuestionan que ahora también piden el F.S.I (Índice de hinchamiento) y la temperatura de deformación de la ceniza porque en CFE arguyen que tienen problemas.

Diego Martínez Carrillo maestro y doctor en ingeniería metalúrgica, explica que la calidad del carbón es difícil de modificar porque ya se tiene un tipo que es casi imposible de transformarlo.

Ese diseño ha provocado incumplimientos y penalizaciones. “Te penalizan al 100%. Ya lo entregaste y no lo regresan, ya lo quemé, entonces sí les sirve. Y no lo quieren pagar”, critica un productor.

Los productores de la región Carbonífera refieren que un problema al que se enfrentan son las penalizaciones por parte de CFE. Aseguran que hay productores que han perdido millones de pesos en penalizaciones y afirman que hay más de 40 mil toneladas penalizadas en las dos centrales con sanciones que suman millones de pesos. El presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, César Luis Ceniceros Marín, dice que hay entre 20 y 30 por ciento de los agremiados tronados debido a estas condiciones.

Reconocen que siempre han existido las penalizaciones, pero que antes la CFE se quedaba con un 20% del producto y daban una semana para ponderar la calidad y hacer una mezcla. “No te chingaban el patrimonio”, lamenta el mismo productor que pidió el anonimato. “Ahora se quedan con los impuestos que pagué, los sueldos, el patrimonio y tengo que pagar todo lo demás”, insiste.

Una respuesta a una solicitud de información a la CFE, refiere que únicamente 15 empresas han tenido penalizaciones en 2020 y 2021, y la más alta fue en 2021 a la empresa BILDIT, S.A de C.V por 990 mil 775.15 pesos (también penalizada en 2020 por 145 mil 387 pesos). Entre las 15 penalizaciones a productores de carbón de Coahuila, suman 2 millones 672 mil pesos. La CFE no entregó la cantidad de carbón penalizada por considerarla un “secreto comercial”, por lo que esa información la clasificó como confidencial.

Los productores refieren una “mala” distribución en los pedidos. Señalan que a los pequeños productores dieron mucho volumen y al mediano le dieron poco. Aseguran que dieron contratos de 40 mil a 50 mil toneladas a personas que producen 25 mil toneladas. “Venden más de lo que producen”, afirman.

Vanguardia solicitó a la CFE vía transparencia, la lista de los proveedores a los que ha comprado carbón. La paraestatal clasificó como “confidencial” la cantidad de carbón comprada pero no el costo.

En 2021, en la termoeléctrica López Portillo, la CFE ha entregado 934 millones 161 mil pesos en dos compras a la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V., de Antonio Flores Guerra, hermano de Tania Vanessa Flores Guerra, alcaldesa electa de Morena en el municipio de Múzquiz, señalamiento que hizo en su momento el gobernador Miguel Riquelme Solís.

Minerales y Carbones de México S.A de C.V ha recibido 168 millones 53 mil 659 pesos. Minera Carbonífera Las Dos Glorias S.A de C.V ha recibido en 2021, 134.4 millones de pesos, misma cantidad que Regcar Servicios Industriales S.A de C.V. Minerales La Florida S.A de C.V., 33.6 millones, los mismos que Cía Minera El Pinabete S.A de C.V.

No hay justificación

Diego Martínez Carrillo, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica es claro: no hay justificación de no cumplir la ley y no invertir en seguridad si el contrato no les conviene.

“Deben de cumplir la ley invariablemente, si es negocio o no es negocio. La ley es clara, está reglamentada en la norma 032 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, seguridad para minas subterráneas. Es lo que deben cumplir, si no es negocio no deben de abrir”, comenta.

Para el ingeniero metalurgista Guillermo Iglesias, tampoco es justificable el argumento de los productores y cree que CFE debería de comprar a quien mejor calidad tenga, no solo en el mineral, sino también en el bienestar y en los requisitos que cumpla.

Iglesias señala que hay un círculo vicioso dentro de las instancias gubernamentales, vicios que, dice, derivan en accidentes interminables.

Y los carboneros saben que es el riesgo. Lo asumen como una posibilidad.

Así lo expresa David Rodríguez Hernández, el papá de Humbetto Rodríguez, Chinaco, sentado a la sombra de un paloblanco, con la cabeza echada hacia atrás, sacudida por los sollozos:

“Chinaco lo que nos decía era ‘yo voy a entrar a la mina, yo sé que entro, pero no sé si salgo’. Presentía yo creo, porque, ¿cómo me encargó? Ya sabía los riesgos que se corren en las minas”.

Y que si no volvía, – dijo Chinaco -, cuando estuviera tendido le pusieran música y le pelearan sus gallos, allá en el panteón. La familia y sus amigos, cumplieron su última voluntad.

Don David jaló 42 años en la minería y los tres hijos que aún le quedan jalan en minas también.

Aquí no hay dónde trabajar más que en las minas.

Aunque la gente de por acá dice que al menos en Rancherías ya todo está acabado, minado, como si fuera un queso gruyer. Por eso pasan las tragedias.

Guillermo Iglesias, hijo de uno de los mineros caídos en Pasta de Conchos, dice que la ley no especifica qué hacer y cómo sellar si ya está minado el terreno, a diferencia de las vetas metálicas donde sí se rellena hasta tapar la zona.

Comenta que cuando se explota una mina, la concesionaria debe dejar un plano topográfico interno de cómo quedó la mina y el plano se manda al SGM para hacer un mapeo de la región donde se va plasmando todas las zonas minadas.

Según el artículo 8 de la Norma Oficial Mexicana 023 (NOM-023-STPS-2012) de la Secretaría del Trabajo, se debe tener estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos, este último para evaluar los riesgos de inundación. Los estudios, por ejemplo, deben incluir las medidas de seguridad para evitar que las excavaciones puedan conectar a una fuente de agua o de material saturado.

Específicamente el estudio hidrológico debe contener planos de las operaciones de extracción con la localización de acuíferos o depósitos de aguas superficiales próximos, localización de minados antiguos o abandonadas cercanos y determinar los límites a estos.

Pero no hay evidencia de que las empresas entreguen los estudios, pues ni siquiera cuentan con ingenieros.

El artículo 34 de la Ley Minera y el artículo 57 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecen que las mineras deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores, en el caso de las minas de carbón. Pero en realidad eso no ocurre.

El ingeniero Diego Martínez Carrillo menciona que normalmente las mineras no contratan ingenieros porque son empresas pequeñas. El ingeniero Guillermo Iglesias dice que en la práctica se actúa según lo que diga el minero con más experiencia.

Martínez Carrillo sugiere que al menos existan contrataciones de ingenieros de minas por parte de las asociaciones, con el fin de que den soporte técnico a los pequeños mineros. “Se les escapa y se les sale de la mano”, comenta.

Agrega que la gente tiene experiencia porque conoce el terreno y cómo trabajar, y consideran que son autosuficientes para hacer una obra minera.

El problema, dice Paola Cruz, la hija de Gonzalo, otro de los muertos en Rancherías, es que luego medio se olvidan las tragedias y ya.

No se mide el peligro

“Son ratoneras, pero los ricos, con el afán de sacar dinero, sacan carbón. Uno de fregao qué hace, tú lo que quieres es llevarle dinero a la familia pa mantenerla, no mides el peligro”, dirá Antonio Herrera, un exminero sexagenario, ahora velador en Micarán.

Don David tiene una teoría distinta, dice que “la mina ingre”.

Y cuando dice que “la mina ingre”, la gente de acá, los carboneros de pura sangre, se refieren a esa extraña adicción al peligro, al riesgo, como una obsesión, un llamado de la sangre a escudriñar en las fauces de la tierra, sin importar la vida.

“Lo traes en la sangre”, dice Antonio Herrera, exminero.

“A Beto muchas veces le dije, ‘vete a la fábrica mijo’, decía, ‘no apá, aquí ando a gusto’, a pesar de los riesgos que corría, él andaba a gusto. No, digo, pos… le tocó mala suerte y se lo llevó la mina”, dice como si se hubiera tratado del azar, del destino.

– ¿Lo va a extrañar a Chinaco?

– Era mijo, siento un dolor muy grande que se muera él. Era el más chiquito… Era mi niño.

-¿Le dio consejos, ¿no?

-Que se cuidara mucho porque la mina es traicionera…

Chinaco fue el tercer minero que sacaron y cuando sacaron a Chinaco, que se lo trajeron a enseñar a don David, pensaba que lo iba a ver golpeado.

“Lo miré igual, como era él. Haz de cuenta que estaba dormido”.

Fue el domingo 6, a las 6:30 de la mañana.

La voz es la de alguien que conoce los riesgos de la Carbonífera de Coahuila. De alguien que sabe que no es la primera vez que ocurre una desgracia como la de Humberto Rodríguez Ríos, Chinaco, 41 años.

Seguido en esta región suceden tragedias mineras por la falta de vigilancia y supervisión de las autoridades del trabajo en los yacimientos; dicen los pobladores de por acá que a causa de la corrupción. Y algo tiene de verdad cuando al menos 60 accidentes fatales han ocurrido en 15 años, y solo en la mitad hubo multas a las empresas por violaciones a la ley, según información que entregó la STPS.

Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista, refiere la necesidad de conocer las leyes y aplicarlas.

El artículo 7 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo, por ejemplo, establece la obligación de los patrones de contar con un diagnóstico de seguridad y salud, así como estudios y análisis de riesgos. Pero en la práctica esto no sucede, aseguran trabajadores.

La delegación de la STPS en Coahuila cuenta con solo nueve inspectores para practicar inspecciones en los diferentes centros de trabajo, incluyendo las minas, según información entregada vía transparencia. Pero para revisar una mina, un inspector tiene que verificar más de 300 lineamientos.

“Yo soy dueño de una empresa y tú eres el secretario del Trabajo, yo te ofrezco una lana y ¿qué le pones tú ahí, al papel?, ‘ok, ok’. Así se maneja”, platica Mariano Anguiano Ochoa, exminero, una tarde calurosa en el portal de su casa, Barrio Santa Cruz, Mineral de Barroterán, Múzquiz, Coahuila.

Mariano, quien laboró en muchos pocitos y minas de la entidad por más de 30 años, era vecino de Quinto, Juan Carlos Moreno, 46 años, uno de los siete carboneros fallecidos en la inundación de la mina Micarán, y todos los días lo miraba llegar del trabajo con su mochilita, rendido de cansancio.

“Me platicaba ‘fíjate que eché tres, cuatro toneladitas, pero está bien duro, muy difícil’”.

Juan Carlos tenía que llenar 10 carretillas de carbón de 100 kilos cada una, para juntar una tonelada por la que su patrón le pagaría entre 100 y 120 pesos.

Apenas una pieza del rompecabezas de un mercado, el del carbón, que generó 6 millones 604 mil toneladas en Coahuila en 2018 (99% de la producción nacional) y un valor de producción de 4 mil 441 millones de pesos, según el Panorama Minero de Coahuila realizado por la Secretaría de Economía y el SGM.

La paga es sin recibo, solo en un sobre amarillo.

Aun así Quinto, el último minero en ser rescatado la tarde noche del 10 de junio, se partía el lomo para sacar entre 35 y 40 toneladas de carbón por semana, con lo que se ganaba entre tres mil 500 y 4 mil pesos.

Tres veces más de lo que le pagarían por fabricar arneses y otros accesorios automotrices en una maquiladora de la región, donde el salario ronda los mil 200 pesos semanales.

“Decía, ‘mira, no me puedo ir a una maquiladora porque me pagan tanto y yo acá me gano dos veces o tres veces más. Hay más riesgo, pero no hay otra manera de sacar adelante a mi familia”.

Juan Carlos dejó en la orfandad a una hija y un hijo adolescente, ambos estudiantes.

“Estuve llorando con ellos un rato porque yo aprecio mucho a mi amigo, a mi vecino y me duele en el alma lo que le pasó, no nomás a él, a todos”, dice Mariano.

A Mariano le tocó vivir la explosión de Minas de Barroterán, acaecida el 31 de marzo de 1969.

Entonces él tenía 15 años. La casa de sus padres estaba a cuatro cuadras de la mina.

Nomás recuerda que, ¡paf!, se oyó un estruendo y se vio una flama, como resplandor, que salió de la mina.

Murieron 153 mineros, entre ellos un tío de Mariano. Los demás eran todos conocidos.

Pedro Ramírez, 25 años, cumplía tres días de haber entrado a trabajar en la mina de Rancherías, cuando la inundación le tronchó la vida.

Su primo Humberto Rodríguez Ríos, Chinaco, lo había invitado a trabajar con él en Micarán y Pedro, que ya tenía cinco años de experiencia tumbando carbón, aceptó de buena gana. Sin saber que se convertiría en el sexto miembro de la familia que moriría en un accidente de mina. En la Carbonífera más que heredar cánceres o males cardiacos. Se hereda la muerte en minas.

“Nosotros en la familia llevamos seis. Ahogados los seis. Son tragedias que a la familia le han afectado. Las familias de por acá se acaban”.

Dice José Agustín Ramírez Soto, el tío de Pedro, un atardecer afuera de la casa familiar desde donde la tarde anterior el cortejo partió con el ataúd de Pedro montado en una carrucha, rumbo al cementerio.

Hubo lágrimas y música.

“Mijo lo quería llevar en la carrucha. Le pidió permiso a su mamá: que si lo dejaba sacar aquí al portal, y que si le podía poner música y ella dijo que sí”, narra José Agustín quien no se tapa la cara para esconder su llanto.

José Agustín comenzó a trabajar en el carbón desde que tenía 10 años, por necesidad.

Su padre fue otro de los tantos y tantos muertos en derrumbes de mina.

“Le cayó todo el peñascal”, narra.

Don Pedro, el padre de Pedrito, el muchacho caído en el accidente de la Micarán, que hasta ahora no había querido ser entrevistado, viene solo para decir que lo único que pide para su hijo es una pensión justa.

“Porque ahorita salen con dos mil, tres mil pesos, ¿qué haces…? Hay mineros que dejaron cuatro o cinco niños”.

Dice don Pedro y se ufana de haber trabajado 45 años en las minas sin sufrir ningún accidente.

Pero eso de salir sano es un decir. Según la memoria estadística del IMSS, en 2018 se reportaron en Coahuila 882 casos de neumoconiosis, una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación del polvo de carbón mineral o grafito durante un periodo prolongado. Se le conoce como la enfermedad del pulmón negro. En 2017 fueron 749 casos. En ningún otro estado hay estas cifras.

Don Pedro dice que en Rancherías todo está “por anca la fregada”, los patrones buscan los tajos pa no batallar, quitan poquita tierra y de ahí “ya se meten pa abajo, ‘ahí está el carbón’, y ahí lo sacan”. La Secretaría del Trabajo tiene que traer gente que vaya a revisar cómo están las minas. No. Ellos llegan, sacan fotografías afuera, y ‘no pos todo está bien’, nomás vienen por un moche”.

Vanguardia solicitó (folio 0001400127321) a la STPS conocer el número de inspecciones realizadas a minas coahuilenses desde 2016 así como sus respectivos resultados o sanciones. En ese tiempo ha realizado 800 inspecciones a centros mineros, un promedio de 12 por mes y solo en 85 ha aplicado multas, pero no especifica los motivos. Algunos casos los clasificó como reservados por estar “en trámite” y clasificó confidencial los casos en los que el patrón era una persona física.

El ingeniero Guillermo Iglesias, asesor técnico de la Organización Familia Pasta de Conchos, dice que para las mineras un ser humano es como un material desechable. “Si algo le pasa pues ni modo”, un muerto más, un vivo menos en la carbonífera…

Al cierre de esta edición, el 7 de septiembre del 2021, se registró un derrumbe en una mina del Consorcio Minero A.G. y CIA S.A de C.V. sobre la Carretera 57, en el municipio de Escobedo, Coahuila. Los mineros Andrés y Hugo Rocha, Carlos Martínez y Guadalupe Morín fueron rescatados con vida después de pasar horas bajo un talud.

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Escrito por Redacción

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