En el año 1798, en plena tensión entre Estados Unidos y Francia, se aprobó una ley que permitía la deportación de “enemigos extranjeros”. Más de dos siglos después, esta olvidada herramienta legal fue desempolvada por el expresidente Donald Trump, desatando una tormenta judicial que ha puesto en jaque al sistema migratorio y al propio equilibrio institucional de EE.UU.
Todo estalló cuando el juez federal James Boasberg dictaminó el 16 de abril de 2025 que la administración Trump había incurrido en desacato deliberado, al ignorar una orden judicial que prohibía usar esa ley del siglo XVIII para expulsar migrantes. Entre los más de 200 deportados había numerosos venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, y uno en particular que se convirtió en símbolo del escándalo: Kilmar Ábrego García.
El caso que encendió las alarmas: Kilmar Ábrego García
Kilmar Ábrego fue deportado el 15 de marzo pese a una orden judicial que desde 2019 le impedía ser expulsado a El Salvador. ¿La razón oficial? Un “error administrativo”, según el gobierno estadounidense. Sin embargo, el juez Boasberg no quedó satisfecho con la explicación. El fallo fue tajante: el gobierno había desobedecido su decisión “de forma apresurada y consciente”.
Ábrego no era un nombre desconocido: sobre él pesaban acusaciones de pertenencia a pandillas como la MS-13, pero ninguna sentencia firme. Para muchos defensores de derechos humanos, su expulsión fue una flagrante violación de las leyes de protección migratoria. Para la Casa Blanca, en cambio, fue un acto legítimo respaldado por un decreto presidencial.
Trump, Bukele y una megacárcel como destino
La polémica escaló aún más cuando se supo que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, había aceptado a los deportados en una megacárcel construida específicamente para albergar a criminales internacionales. A cambio, El Salvador recibió seis millones de dólares en apoyo directo desde Washington.
En un gesto de total alineación política, Bukele declaró en la Casa Blanca que tampoco podía repatriar a Ábrego. Trump, por su parte, se desentendió del caso diciendo que “no está en sus manos”.
¿Quién desobedece a quién?
La narrativa que Trump ha impulsado en redes sociales —particularmente en su plataforma Truth Social— es clara: se trata de una lucha contra una “invasión” de criminales extranjeros. Pero el juez Boasberg ha señalado algo mucho más profundo: la desobediencia institucional.
“No se proporcionó ninguna razón convincente para justificar las acciones del gobierno”, escribió Boasberg, quien le dio a la administración hasta el 23 de abril para rectificar y evitar un procedimiento formal por desacato.
Un precedente peligroso para la justicia
Lo más inquietante para analistas legales y organizaciones migratorias es el precedente que podría dejar este caso. Si el gobierno puede ignorar una orden judicial federal sin consecuencias, ¿qué garantías quedan para el estado de derecho?
Mientras tanto, la figura de Kilmar Ábrego, culpable o no, se ha convertido en símbolo de la frágil línea entre la justicia y la venganza política, entre la ley y el populismo.
¿Será este el caso que finalmente frene la estrategia migratoria de Trump? ¿O abrirá la puerta a una era donde las decisiones judiciales se ignoren sin consecuencias?
