En 2021, instituciones del gobierno federal adjudicaron 9,836 millones de pesos a proveedores “riesgosos” catalogados así por ser empresas de reciente creación, sancionadas o con simulación de operaciones, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
A través del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2021, el IMCO detalló que durante dicho año se asignaron 9,798 millones de pesos a empresas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas a menos de un año antes de recibir un contrato.
Con empresas y contratistas sancionados por la Secretaría de la Función Pública, por incumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), las instituciones a nivel federal contrataron 36 millones de pesos.
Mientras que también se adjudicaron 2 millones de pesos a empresas fantasma, las cuales de acuerdo con el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), suelen simular operaciones a través de domicilios fiscales inexistentes y no cuentan con personal, activos y capacidad material para prestar, realizar o entregar bienes y servicios.
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