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Por Eduardo J. De La Peña

Como lo mencionamos en una columna anterior, el tema migratorio es una crisis latente en la entidad, y en general en el país. El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard pretende quitarle importancia y señala que para México no es ningún problema dar refugio a quince mil haitianos, que hay capacidad para ello.

También el jueves, durante su visita a Arteaga el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas repitió su promesa de que México ofrecerá empleo temporal y procurará mecanismos de integración para las personas que cruzan el país con el sueño de llegar a Estados Unidos.

Y que buen gesto sería que en efecto hubiera esas oportunidades de empleo y mecanismos de integración, pero los hechos hablan de que el gobierno federal no ha dimensionado la realidad, no se involucra y hacer promesas de saliva es muy fácil.

Ya hemos hablado en muchas ocasiones de las deportaciones que hace la Patrulla Fronteriza sin coordinarse con el Instituto Nacional de Migración, y para ilustrarlo recordemos que en 10 días deportaron por Piedras Negras a más de 3 mil 800 extranjeros, y de más del 90% de ellos no hay registro alguno, mucho menos se sabe en dónde están ahora.

Cómo puede decir Ebrard que no es problema refugiar a 15 mil cuándo ni siquiera se sabe cuántos extranjeros se han dispersado a lo largo del año en la zona fronteriza norte ni a qué se están dedicando.

Las secuelas de la crisis de hace un par de semanas en Del Río siguen vigentes pues tan solo en Acuña hay 600 haitianos en un albergue temporal y en Ciudad Frontera la iglesia católica reconoce estar albergando a cuando menos otros cincuenta.

Estos albergues subsisten principalmente con donaciones de la población, y en el caso del de Acuña los gobiernos estatal y municipal aportan para garantizar seguridad y condiciones sanitarias. De la autoridad federal no hay participación alguna. Así es muy fácil ofrecer refugio, cuando los costos se le cargan a otros.

Pero además de quienes están en albergues, cada día se sigue viendo a pequeños grupos, de menos de diez personas, caminando por la orilla de la carretera 57 con rumbo al norte, tratando de llegar a pie a la frontera pues a las compañías de transporte se les ha advertido que no les brinden servicio.

Estos grupos van expuestos no tan solo a accidentes, sino también con el riesgo de ser capturados por bandas delictivas.

Y todavía más grave lo que se descubrió este viernes en Tamaulipas, los más de 600 migrantes hacinados en tres cajas de tráiler, a los que se les mantuvo encerrados por más de 36 horas sin agua ni alimentos.

Difícilmente se puede estar en desacuerdo con que México ofrezca y comprometa un trato humanitario a los migrantes, pero el gobierno federal tendría que acompañar los emotivos discursos con acciones efectivas y contundentes.

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Este viernes el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados presentó los resultados del Sistema de Alertas de los Municipios al Primer Semestre de 2021.

El sistema está previsto en la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, para evaluar el nivel de endeudamiento, y en el reporte se consigna que de 2 mil 447 municipios que hay en el país, solo 777 cuenta con obligaciones financieras inscritas ante la Secretaría de Hacienda, de ellos se ubica a veintiuno de Coahuila.

Pero no todos los municipios, en el país y en Coahuila, pudieron ser evaluados, pues 239 en el país no entregaron información suficiente, entre estos encontramos a Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Parras, Juárez y Guerrero.

De los municipios coahuilenses que sí fueron evaluados, todos caen en el indicador de endeudamiento sostenible, a excepción de Sabinas, clasificado como “endeudamiento en observación” porque su deuda pública y obligaciones representa un 80% de sus recursos de libre disposición.

Los Ayuntamientos están en pleno proceso de entrega-recepción y es importante que se conozcan públicamente no solo sus niveles de endeudamiento, bancario y con proveedores, sino también se explique con claridad lo que ello les representa en sus flujos y operación, pues como bien lo indica el reporte hay niveles de deuda que son sostenibles, es decir que no implican una carga que paralice a la administración pública.

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Un coahuilense será titular del Instituto para los Adultos Mayores en la nueva administración estatal de Nuevo León, se trata de Ramón De La Peña Manrique, quien es también Rector Honorario Vitalicio del Campus Monterrey del ITESM.

De La Peña Manrique quien además de una larga trayectoria académica y de participación en organismos de la sociedad civil fue en el gobierno de Vicente Fox director del Instituto de Educación para los Adultos, tiene sus orígenes en Mesa de las Tablas, municipio de Arteaga, vivió en Saltillo, y desde los sesentas, cuando se fue a realizar sus estudios profesionales, radica en Monterrey, pero en nuestra ciudad vivieron sus hermanos Agustín y Godofredo, ya fallecidos, y el conocido odontólogo Yturiel aquí radica aún.

La actual directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UA de C, Gabriela de la Peña Astorga, es su sobrina.

edelapena@infonor.com.mx

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