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Por Eduardo J. De La Peña

Un análisis publicado este miércoles en El Universal plantea que si dieciséis diputados del PRI se mantienen en su postura, no se conseguirán los 333 votos necesarios para que sea aprobada por mayoría calificada la reforma eléctrica planteada por el Presidente López Obrador.

En esos dieciséis que ya se identifican en el bloque contra la reforma, hay siete coahuilenses, Jericó Abramo Masso, Jaime Bueno Zertuche, Tereso Medina Ramírez, Cristina Amezcua, José Antonio Gutiérrez Jardón, Shamir Fernández y Rigo Fuentes.

No incluyen a Rubén Moreira Valdés, coordinador de la bancada priista, quien comparte la postura del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, de que habría que someter la iniciativa a una consulta de parlamento abierto, y ha señalado además que no hay prisa para abordar la reforma eléctrica.

Moreno ha dicho además que “al PRI nadie lo presiona”, lo que ha sido leído como una pose de aparente dignidad que no se sostendría si empiezan a presionar al ex gobernador de Campeche con las cuentas pendientes que dejó en su entidad.

Que por cierto la nueva gobernadora de Campeche, Layda Sansores, apenas cumplirá el viernes un mes en el cargo y ya empezó a deslizar declaraciones de que ha encontrado indicios de malos manejos en la administración que recibió de Carlos Miguel Aysa, el interino que quedó en lugar de Moreno. No se ha ido al fondo ni ha presionado, pero ya sembró el tema, en lo que pareció un recordatorio por si se ocupa.

Pero el gran tema es la reforma eléctrica, y aunque cada día hay mayor coincidencia en que realmente se trata de una estrategia de posicionamiento político del Presidente, y que en su cálculo le es más redituable que se mantenga la oposición a la iniciativa, si que hay razones para que el trámite legislativo no se postergue más.

Según se conoce, ante la incertidumbre que ha generado la iniciativa, respecto al futuro de la industria eléctrica en el país y su capacidad futura para satisfacer la demanda de energía, hay algunos corporativos internacionales que han puesto en pausa importantes proyectos de inversión en México.

Se afirma que por ejemplo General Motors pausó su proyecto de expansión del complejo Ramos Arizpe, que implica una inversión de más de mil millones de dólares para la reconversión de sus plantas de ensamble y de sistemas de propulsión, con el propósito de que en el mediano plazo se convirtiera en su quinto centro de producción de autos eléctricos, y la razón de meter el freno es porque no tienen certidumbre de que en el futuro haya abasto de energía estable y suficiente.

Es decir que la iniciativa de reforma eléctrica no impacta únicamente a los proyectos en curso para parques de energía solar y eólica en Coahuila, también está poniendo en riesgo otros de giros diversos, como este del ramo automotriz.

Puestas así las cosas, la verdad es que sí hay prisa en resolver la reforma, y lo que conviene al país es que no se apruebe.

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Y a propósito de la industria automotriz, que no sale de la emergencia provocada por la escasez de semiconductores, que ha llevado a plantas como General Motors a extender sus paros técnicos, y a otras como Kia a iniciar con los mismos, veremos cómo les va ahora con el anuncio de López Obrador en el sentido de que sí habrá regularización para los autos “chuecos”, los cientos de miles que han sido introducidos de contrabando al país.

El planteamiento del Presidente va vinculado al tema de la seguridad, y no le falta razón, es necesario tener un padrón de estos autos, pero también es cierto que históricamente cada que se abre un proceso de regularización, crece el contrabando, se beneficia a muchos ganones, y al final volvemos a tener el mismo problema.

En el anuncio presidencial va también la promesa de que el derecho que se cobre por la regularización se entregará a los gobiernos estatales, etiquetado para obras de pavimentación, a ver si es cierto.

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Dicen que cuando estás en el lodo vale más ser paciente y esperar a que se seque, pues si te mueves te ensucias más. Pues parece que nadie se lo dijo al Ministro Javier Laynez y ya enredó más el tema de su detención en Torreón.

El Ministro asegura que no conducía en estado de ebriedad, que no lo dictaminó un médico legista, que no le dieron oportunidad de demostrar que estaba sobrio, y que a su familia le exigieron el pago en efectivo de seis mil quinientos pesos, sin recibo de por medio, para dejarlo en libertad.

Funcionarios municipales de Torreón aseguran que sí hay una prueba de alcoholemia, pero no la harán pública por la protección de datos personales.

Y también el Fiscal del Estado Gerardo Márquez Guevara le entró al tema, asegura que el médico legista de la dependencia dictaminó al Ministro, que su grado de alcoholemia no era alto, y que como su falta no era grave lo pusieron en libertad.

¿A quién le creemos entonces?.

edelapena@infonor.com.mx

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Escrito por Redacción

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