in , ,

Índice

Por Eduardo J. De La Peña

Nos escribió el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega en relación con lo comentado en la columna de ayer: “Creo que lo que menos hay es diferendo personal con mis amigos, Homero y Juan José. En la sesión del Tribunal solo hay debate de argumentos e ideas plurales sobre la forma de juzgar los derechos humanos. Eso es lo que hace fuerte a un Tribunal”.

Y en cuanto al señalamiento de que el manejo mediático sobre la controversia constitucional que se votó la semana pasada genera un desgaste para el Poder Judicial, Ríos Vega señala: “Las sesiones son públicas. Los debates judiciales son públicos. Las posiciones particulares de cada juez son públicas. No hay ningún desgaste institucional. Luego los medios y los periodistas hacen mediático los hechos noticiosos. Eso tampoco está mal. Es su libertad”.

Es precisamente el inusitado interés que se muestra en los medios por el tema, además de los actores que están opinando y el tono en que lo hacen, lo que vuelve difícil no pensar en que hubo un decidido impulso de Luis Efrén a esa cobertura que el atribuye a los periodistas.

También otros profesionales del derecho reaccionaron, y aportaron, sobre la situación que se está viviendo en el Tribunal de Justicia, y el tono que han tomado las diferencias de Luis Efrén Ríos Vega con Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola.

Señalan que en efecto lo que menos importa, a ambas partes, es la imagen pública y el buen nombre de la institución en que son funcionarios. La institucionalidad, apuntan es cosa del pasado.

Y opinan que Ríos Vega debió haberse excusado de intervenir en la discusión, pues le atribuyen la autoría de la acción de inconstitucionalidad –que fue presentada por su muy cercana Comisión de Derechos Humanos– además de que como presidente de la Comisión de Atención a Víctimas fue vocero de las familias de personas desaparecidas por lo que caería en un conflicto de intereses.

Los abogados consideran que si los integrantes del Tribunal votaron en contra de declarar inconstitucional la reforma al reglamento de la Fiscalía del Estado para desaparecer la Unidad de Búsqueda, fue por seguir una línea y no por ignorantes como se les ha querido exhibir.

–o—

Desde Torreón hay quienes salen en defensa de Jorge Zermeño Infante y aseguran que no es directamente responsable de algunas irregularidades que han salido a relucir, y otras que no soportarían una auditoría, por más superficial que fuera, y que más bien

deberían dirigirse indagatorias y señalamientos hacia dos desleales que han hecho del servicio público un negocio personal. Eso sí, ambos están en el entorno inmediato del alcalde.

Cuentan que el secretario particular de Zermeño, Jorge Alberto Torres Tejeda, y el coordinador de giras Omar Ceballos de los Santos, han tenido a lo largo de la administración una cerrada competencia y no solo por ver quien está más en el ánimo del alcalde, sino también por ver quien hace mayor negocio.

No dan más detalles, pero ahí queda la pista para cuando la Contraloría Municipal o la Auditoría Superior del Estado se decidan a indagar.

–o—

Surge la versión en la región Carbonífera que si bien no se ha concretado ninguna obra de las que prometió hace un año López Obrador cuando estuvo en Pasta de Conchos, ya hay la promesa de que el año próximo habrá recursos para una de carácter deportivo en Nueva Rosita.

Se afirma que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, a cargo de Román Meyer, ya autorizó la construcción de un nuevo parque de béisbol para sustituir al que se demolió para dar paso a un importante desarrollo comercial en aquél municipio.

No es cuestión de hacerle el feo al parque, pero recordemos que el Presidente ofreció “todas las obras que sean necesarias”, y en la Carbonífera son necesarias muchas más y de todo tipo.

–o—

Este miércoles se cumple el plazo al que nos referimos la semana anterior para que la FGR concluya la investigación complementaria en el caso Lozoya, y en efecto habrá audiencia pero para ventilar un recurso que de último momento presentó la defensa del ex director de Pemex para solicitar, por sexta ocasión, un aplazamiento.

La Fiscalía ya se pronunció en contra, pero la decisión es de un juez, y en caso de que fuera negada la prórroga, en quince días se tendría que presentar la acusación por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho en contra de Lozoya.

¿Hacia dónde se decantará el juez? ¿permitirá que Lozoya siga comiendo y haciéndose pato?.

[email protected]

(Visited 3 times, 1 visits today)

Comentarios

Escrito por Redacción

Hacen parodia XXX de ‘El Juego del Calamar’

Coahuila sienta las bases para tener un mejor sistema de protección y salud: Riquelme