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Por Eduardo J. De La Peña

A cuentagotas y de manera extraoficial se ha ido conociendo más información respecto a la recuperación de equipo médico que ocurrió el fin de semana.

Se ha confirmado que se trata de equipo que el gobierno estatal compró en el sexenio anterior y que el proveedor no lo entregó pero lo mantenía almacenado desde hace varios años en las bodegas de donde fue rescatado.

Contra lo que se especulaba el lunes, el caso no fue llevado por la vía mercantil, sino por la penal, pues lo que se precisaba era de una orden de cateo para poder ingresar legalmente a las bodegas y sacar el equipo, y esa orden se obtuvo de un juez de garantías.

Ni la Fiscalía, ni la Secretaría de Salud, tampoco Finanzas del Estado, han precisado de qué equipo se trata, solo que su costo es cuantioso y superior a los 200 millones de pesos, y extraoficialmente se sabe que el proveedor es Soluciones Integrales Médicas, una empresa que ganó licitaciones similiares en diferentes estados de la República, y que ahora dicen desapareció.

Es un caso por demás extraño, y en el que mucho se sigue especulando. Algunos, pragmáticos, concluyen: “eso pasa por contratar factureras”. ¿Será?.

Lo más importante sin embargo es que el equipo se haya recuperado y que se vaya a poner pronto en servicio. Ojalá no surjan sorpresas desagradables como ya ocurrió en el pasado con equipos del Centro Oncológico que no se pudieron utilizar oportunamente pues la obra realmente no estaba concluida, pese a que la anterior administración presumió que sí, y se vencieron garantías y licencias.

Lo que sí, en transparencia siguen quedando a deber en este tema.

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De tener en cuenta el planteamiento que llevó a la tribuna del Congreso local la diputada Claudia Rodríguez Márquez, asegurando que tiene denuncias ciudadanas de que hay crematorios clandestinos operando en algunas regiones de la entidad.

Como militante del Partido Verde la diputada Rodríguez enfocó su punto en lo ambiental, y exhortó a las autoridades del ramo que verifiquen se cumplan con la ley en esos crematorios, y está bien, pero un tema así amerita la intervención urgente de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Salud.

Rodríguez Márquez tendría que llevar detalle de esas denuncias al Ministerio Público, pues si realmente existe la operación clandestina de crematorios esto va mucho más allá de que generen malos olores, es la comisión de un delito pues hay lineamientos estrictos respecto a la disposición de cadáveres, y abre la posibilidad de ocultar otros.

Los diputados votaron por unanimidad el exhorto a las autoridades ambientales tanto del gobierno federal, como del estatal y los municipales. ¿No había por ahí ningún abogado que reparara en las implicaciones penales del tema?.

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Muchas son las circunstancias que pueden obstaculizar el repunte económico de la región Centro, pero sin duda que un problema muy importante es la actitud, y el señalamiento va tanto para empresarios como para autoridades locales.

El fin de semana Andrés Oyervides hizo un extrañamiento, aseguró que a los inversionistas locales les niegan facilidades que sí dan a los foráneos, y afirmó que el desarrollo de tres parques industriales se ha frenado por exceso de trámites y carencia de servicios.

“Nos clavan la uña” dijo Oyervides, quien está desarrollando un parque para 80 lotes en un predio de cien hectáreas en Frontera, pero se duele de que le quieren cobrar la construcción de la red de conducción de agua.

Es cierto que los parques son necesarios para que lleguen inversiones y que los empleos son urgentes para la región, pero este desarrollo es un negocio particular, le va a dejar ganancias a Oyervides, y en todas las ciudades los desarrolladores industriales y de vivienda deben pagar por obras y servicios para poder apovechar sus predios.

Pero no tardó la respuesta del Simas, su gerente técnico Abel de Luna dijo este martes que ya se resolvió desde septiembre sobre la factibilidad que solicitó Oyervides, y que fue en sentido positivo, pero que el empresario no ha ido a preguntar. ¿El Sistema como autoridad no debe notificar al ciudadano la respuesta a una solicitud?, así tendría que ser, y mucho más en un tema de esta envergadura.

La actitud deja mucho que desear.

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Será al mediodía del jueves cuando rinda su tercer informe el rector de la Universidad Antonio Narro, Mario Ernesto Vázquez Badillo, y hay realmente interés por conocer lo que ahí se informará, pues practicamente desde hace veinte meses –marzo del año anterior– en que la institución cerró por el confinamiento, no se conoce que ha pasado con sus programas académicos y con sus proyectos de investigación, mucho menos se sabe si hay una estrategia para rediseñar el modelo educativo y aprovechar la enseñanza que dejó esta contingencia, respecto a nuevas herramientas tecnológicas y plataformas para el aprendizaje y la divulgación. Veremos.

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Escrito por Redacción

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