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Por Eduardo J. De La Peña

Ante la fractura de la bancada de Morena en el Congreso local, evidenciada este martes, no queda más que decir que se habían tardado. Y es que rompimiento y confrontación son la marca de la casa.

Recordemos que a mitad de la Legislatura anterior Benito Ramírez Rosas, el famoso “diputado tómbola”, renunció a Morena y se declaró independiente por sus diferencias con Elisa Catalina Villalobos.

Ahora el pleito de Laura Aguilar Tabares y Francisco Cortéz con Lizbeth Ogazón no hace sino reflejar la división que prevalece en ese partido en la entidad.

Por su parte Teresa Meraz, que también pertenece a la bancada, ha disimulado y guardado silencio.

Será interesante ver qué postura asume en este diferendo Yolanda Elizondo Maltos cuando se incorpore para sustituir a Tania Flores, pues aunque ellas llegaron al Congreso con las siglas de UDC, ya están por completo alineadas a Morena, o al menos Tania.

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La declaración de Tereso Medina Ramírez respecto a la “dudosa procedencia” del CATEM, hablando de que hay riesgo de nexos con la delincuencia organizada, aunque admite que no tiene pruebas, pone el dedo en la llaga y retoma un tema que ha estado en la agenda de algunos analistas nacionales en fechas recientes.

El periodista Raymundo Riva Palacio señaló la semana anterior que en contra de Pedro Haces Barba, dirigente del CATEM, hay una imputación en la Corte de Distrito Sur en Brooklyn, señalado por el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien se declaró culpable en 2019 de narcotráfico.

“En el interrogatorio que le hicieron los fiscales, del cual se tiene una copia, mencionó a Haces como un importante enlace con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva”, señala Riva Palacio.

La semana anterior en una mañanera, el presidente López Obrador acusó que persisten prácticas indebidas e ilegales de sindicatos charros, y que un sindicato que vende grava de mala calidad había afectado la construcción del canal transísmico.

Según Riva Palacio el Presidente se refería al CATEM y a Haces, a quien el columnista identifica muy cercano al grupo político de Ricardo Monreal.

Con el tema de la grava estaría aludiendo a una situación de alta conflictividad en la zona del istmo de Tehuantepec, donde dos organizaciones criminales se enfrentaron a través de los sindicatos que operan en la zona. “Obras que buscan el desarrollo son también una plataforma de expansión criminal”, plantea Riva Palacio quien considera que los actores políticos que han quedado atrapados en el tema deben de hacer deslindes.

Quizá entonces sea a estas versiones que se refiere Tereso Medina, quien no aportó realmente ningún dato, pero confirma que anda preocupado por el avance que pueda tener esa central sindical en la entidad.

En el caso de Coahuila la dirigencia del CATEM está encabezada por un empresario, no por un trabajador, y por cierto se afirma está muy relacionado con la llamada industria penitenciaria, las maquiladoras que operan en el penal de Saltillo.

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Siguiendo con temas sindicales, la Fiscalía de Guanajuato está obligada a investigar y explicar el contexto en que se dió un ataque en contra del dirigente cetemista Antonio Vallejo, cuya esposa recibió un balazo en la cabeza cuando la familia transitaba en su vehículo por calles de Irapuato.

Vallejo está identificado con uno de los grupos que busca la titularidad del contrato de la General Motors en Silao, y debe esclarecerse si la agresión tiene que ver con este diferendo, o fue una expresión más de la grave crisis de inseguridad pública que asola a Guanajuato.

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Según ha dado a conocer el delegado de la Fiscalía de Coahuila en la región Carbonífera, cinco de las viudas de los mineros que en junio murieron en la inundación de un yacimiento de carbón se desistieron de la denuncia penal que presentaron.

Como se recordará en esa tragedia murieron siete hombres, y hoy la pregunta es si la Comisión Estatal de Derechos Humanos o algún otro organismo dieron acompañamiento a las viudas para asegurarse que este desistimiento de cinco de ellas se haya dado como un acto voluntario y no por presiones o amenazas de los empresarios mineros.

También desde luego si las autoridades laborales se aseguraron de que se cumpliera con el pago de todas las prestaciones, y si el Seguro Social fincó las responsabilidades correspondientes.

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A temprana hora de este martes agentes de la Policía Municipal de Saltillo generaron un caos vial en el bulevar Fundadores justo a la hora de mayor tráfico por el traslado de los trabajadores de las plantas ubicadas en los parques industriales de Arteaga y el oriente de la capital.

Sin que hubiera código rojo o situación de emergencia identificada, los oficiales decidieron cerrar dos de los carriles de poniente a oriente en un supuesto “filtro de seguridad”, en el que no revisaron nada pues los elementos permanecían dentro de la patrulla contemplando las largas filas de automóviles, autobuses y unidades de carga.

Debe apretar tuercas el comisionado Federico Fernández para que se actúe con mayor criterio y no se repitan estas actitudes que pueden hasta detonar accidentes.

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Escrito por Redacción

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