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Por Eduardo J. De La Peña

En torno a la detención el viernes anterior de tres jóvenes a los que de inmediato se colgó la etiqueta de “narco juniors” porque se les localizó en un sector residencial del norte de Saltillo en posesión de varios kilos de droga, se ha dado un manoseo informativo como se estila en las corporaciones cada que les interesa que un tema que prefieren quede en el olvido.

Ya le tocará al Fiscal Gerardo Márquez poner orden y encontrar la manera de que el caso se judicialice y tenga el debido seguimiento procesal, pero en tanto hay otros aspectos de los que ocuparse y que al parecer no están siendo atendidos, pese a que tienen que ver con el impacto o significado de estos hechos en la sociedad.

De acuerdo a las versiones que las propias autoridades proporcionaron el fin de semana, los detenidos habrían revelado que distribuían la droga en restaurantes, bares y colegios, y es aquí donde ya tendrían que haber intervenido otras instancias más allá de las ministeriales.

Por ejemplo las secretarías de Salud y la de Educación, así como el Instituto de la Juventud y la Procuraduría de la Familia deberían de pedir información a la Fiscalía sobre lugares específicos en donde esos jóvenes vendían la droga.

Y es que más allá de si la Fiscalía puede o no seguir con el caso, indagar más y dar con la estructura de distribución, la información que ya se tiene debe ser aprovechada para trabajar, en privado y sin escándalos, con las escuelas, los padres de familia, y los propietarios de bares y restaurantes.

Las instituciones, los padres de familia y los empresarios desde luego saben del riesgo que hay en lo general de la infiltración de los narco distribuidores, pero ahora se puede hablar de casos en específico, y no de personas, sino de lugares en donde hay venta y consumo.

Será más contundente el mensaje si la autoridad llega con los directivos de una escuela o los dueños de un bar y les dice “en tus instalaciones se están vendiendo drogas”, o con los padres de familia y les plantea, “en el entorno cercano a tus hijos se están distribuyendo drogas”.

Un mensaje así tendría que generar también acciones más contundentes y ayudar a cerrar la pinza. Que quienes tengan que perseguir el delito lo persigan, y quienes deban prevenir el consumo se comprometan realmente en ello.

Y aquí cabe preguntar qué pasó con aquél compromiso que en febrero asumió la directiva de CANIRAC, encabezada por Eder López, de sumar a los restauranteros para combatir o evitar el narcomenudeo en sus instalaciones. ¿Algún resultado del cual informar?.

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Se termina marzo y quedan ya únicamente seis meses para llegar al tres de octubre, la nueva fecha que se definió para que se concrete la transición al nuevo modelo de justicia

laboral en Coahuila y otras once entidades, que pidieron una prórroga al no estar en condiciones de lograr la implementación para el primero de mayo como originalmente se había establecido.

El gobierno federal ha dicho que destinará más de 5 mil 700 millones para esta tercera fase de implementación en doce estados, pero no hay certeza sobre cómo bajarán los recursos, mucho menos cuándo.

En el caso de Coahuila Miguel Mery Ayup ha dicho que la estimación sobre el costo anual de los juzgados laborales es superior a los 55 millones de pesos.

Sin embargo no se ha dicho cuántos juzgados se aperturarán en cada Distrito Judicial.

Pero para tener una idea aproximada de la magnitud del reto podríamos tomar en cuenta la carga de trabajo que tienen actualmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo la de Saltillo atiende diariamente en promedio 110 audiencias, para hacerle frente a eso habría que tener un mínimo de diez juzgados tan solo para Saltillo.

Y no es que las Juntas de Conciliación vayan a desaparecer, deberán seguir funcionando por varios años hasta que resuelvan el último asunto de los que tienen en trámite, es decir que por algún tiempo estarán operando, y generando un costo, ambas instancias.

Pero además se ha creado, de acuerdo a lo previsto en la ley, un Centro de Conciliación, por el que deberán pasar todos los litigios de competencia local antes de que se pueda ingresar el caso en algún juzgado, y este Centro deberá tener presencia estatal, personal suficiente, y presupuesto.

La Junta de Gobierno de ese Centro de Conciliación fue instalada este martes y se confirmó lo que ya se venía anticipando, la designación de Sergio Sisbeles como titular del mismo.

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Sigue creciendo la lista de obras que quedan a medias en la actual administración federal, que tanto crítica a los gobiernos anteriores por hospitales y otras obras que se dejaron abandonadas.

A dos sucursales del Banco del Bienestar, una en el ejido Los Llanos y otra en las instalaciones de la Sexta Zona Militar de Saltillo, que se encuentran fuera de servicio, se suma ahora el cuartel que para la Guardia Nacional se construyó en Piedras Negras.

La Secretaría de la Defensa construyó el cuartel dentro de un predio de 15 hectáreas cedido por el gobierno local, y aunque la obra, con capacidad para albergar a 120 elementos, fue concluida desde finales de diciembre, no se ha podido utilizar porque no tienen aún el equipamiento básico, ni se ha definido la fecha de entrega e inauguración.

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Escrito por Redacción

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