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Por Eduardo J. De La Peña

Las revisiones unilaterales a vehículos de carga por parte de Texas duraron seis días, pero según los cálculos más conservadores costaron a la industria 42 millones de dólares, principalmente a los sectores de autopartes, alimentos perecederos, y componentes electrónicos.

Sirva el dato para dimensionar, primero la trascendencia del operativo que se ha implementado para reforzar la seguridad en la frontera de Coahuila y cumplir con lo acordado entre nuestro gobernador y el de Texas; pero también, las implicaciones que puede tener la actitud tomada por el Presidente de México, que primero ignoró el problema y cuando se ocupó fue para generar mayor confrontación.

No tardó la respuesta del texano Greg Abbott quien no titubeó en advertir que puede volver a ordenar esas revisiones que colapsaron la frontera. Y claro que puede, si no le importa patearle la puerta al presidente de su país, Joe Biden, mucho menos le quita el sueño enfrentarse con López Obrador.

El riesgo de que en cualquier momento retome Texas esas u otras medidas que Abbott dice son para controlar la migración estará latente, pues tiene que ver con el proceso electoral en aquélla entidad donde está buscando la reelección.

La competencia política en Texas fue lo que le pegó a la industria y a nuestra frontera. Ese es el fondo del asunto.

De cualquier manera lo que Coahuila ha implementado esta semana rinde frutos pues ya se han logrado importantes detenciones de delincuentes involucrados en el tráfico de personas.

El despliegue que inició el miércoles en Acuña y se extendió el jueves a Piedras Negras, pero que tendrá cobertura en los más de 150 kilómetros de frontera, deberá contribuir no únicamente a inhibir los delitos, sino que se espera contribuya también a salvar vidas.

El río Bravo es engañoso y aunque parece que su caudal es bajo, a consecuencia de la prolongada sequía, en lo que va del año han muerto ahogados sesenta migrantes, tan solo en las cercanías de Piedras Negras.

En ciento once días del año han muerto en su intento por cruzar el río sesenta personas, en promedio una cada dos días, lo cual sin duda constituye una tragedia. Cuando la inundación de Villa de Fuente en 2004 se contabilizaron 45 víctimas, y con el tornado F3 del que se cumplirán quince años el próximo domingo fueron tres los muertos.

Estos datos nos sirven también para dimensionar el nivel al que ha escalado el flujo migratorio, que ameritaría acciones en varios frentes, tanto para combatir el tráfico de personas como para asistir a quienes llegan huyendo de pobreza e inseguridad en sus países, pero eso no le ha importado al gobierno federal.

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Y ya que se habla de la federación, quien reapareció en La Laguna es el representante presidencial del programa “Agua Saludable”, el senador con licencia Gabriel García.

Esta semana, el miércoles 20, se retomaron las reuniones de García con los sectores involucrados en el proyecto. La explicación oficial que dan es que las habían suspendido por la veda previa a la consulta de revocación.

Ni como creerles, pues hubo evidencias contundentes de que esa veda no les importó en el gobierno federal, la ignoraron por completo, como estarían haciendo ahora con la que a nivel local debe haber en Durango, ya en campañas para la elección de gobernador.

Más bien parece que el representante presidencial reapareció precisamente con motivo de esa contienda electoral en Durango, pues hasta ahora sus reuniones las ha concentrado en las comunidades rurales de aquélla entidad.

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Este jueves tendría que haber dado la CFE el fallo de un nuevo procedimiento de adjudicación directa, ahora para el contrato a la empresa que deberá construir rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de conexión en la mina de Pasta de Conchos, es decir las obras principales que deben realizarse para que puedan ingresar las cuadrillas que intentarán recuperar los restos de los mineros que ahí murieron en 2006.

Si acaso se emitió el fallo no se ha hecho público, pero para el procedimiento se invitó en conjunto a tres empresas, entre ellas PROACON y Servicios Kya las cuáles en la licitación para la construcción de dos lumbreras participaron y fueron descalificadas por falta de solvencia técnica, para luego declarar desierto el concurso y recurrir a la adjudicación directa en la que favorecieron a PROACON con el contrato por más de 300 millones de pesos.

Si para un monto así recurrieron a un enjuague burdo, veremos ahora con que novedad sale la CFE, pues las obras que adjudicará requieren una inversión de más de mil cien millones de pesos, es decir casi cuatro veces lo del otro contrato.

¿Y cómo van con la construcción de las lumbreras? ¿ya llevó PROACON algo más que el famoso trascabo aquél de la foto cuando simularon el inicio de los trabajos?.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Written by Redacción

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