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Por Eduardo J. De La Peña

Para darnos una idea de cómo andan las cosas en este país, basta con ver lo que ocurrió el miércoles de esta semana cuando funcionarios estatales contactaron a mandos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno federal para pedir precisiones sobre las disposiciones contenidas en el, tan anunciado como misterioso, “Paquete contra la inflación y la carestía”.

La respuesta de la contraparte federal fue que no se preocuparan pues el decreto correspondiente ni siquiera había sido publicado, cuando la realidad es que se publicó el lunes 16 de mayo y entró en vigor al día siguiente.

Hacen falta precisiones sobre alcance temporal y regulatorio del decreto, pues se desconoce si a la exención de aranceles para más de 70 productos se suman también modificaciones a los criterios fitosanitarios y a los de cupos comerciales.

El Secretario de Agricultura Víctor Villalobos Arámbula anda en la ONU exigiendo ante el Consejo de Seguridad que se cumplan resoluciones sobre conflictos armados y hambrunas, pero aquí trae al sector de cabeza y sus colaboradores no saben de algo tan elemental como los decretos que emite el Ejecutivo Federal.

Han tenido fama siempre de burócratas de escritorio, pero ahora sí se superaron a ellos mismos.

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Este miércoles rindió protesta para un nuevo periodo al frente de la Facultad de Economía de la UA de C, el académico Mario Nájera Hernández, en un momento oportuno para que la institución se vincule con los sectores productivos a nivel regional.

Precisamente en relación con el tema que abrimos esta columna, el del impacto de las exenciones arancelarias para el sector agropecuario, pues resulta que ni las propias dependencias gubernamentales tienen un análisis al respecto, y es un proyecto en el que bien se podría aplicar la Facultad de Economía con un enfoque regional.

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Que a propósito de Facultades de la UA de C quien ya prepara la apertura de un nuevo plantel es el director de Jurisprudencia Alfonso Yáñez, pues el proyecto para que en Monclova la universidad estatal ofrezca la carrera de derecho va en serio.

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En el ÍNDICE del miércoles comentábamos que la gerencia del SIMAS Torreón, a cargo de Lauro Villarreal denunció a la gestión anterior por malversación de 30 millones de pesos, caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Resulta que hay algo más grave, pues Lauro Villarreal acaba de dar a conocer que la anterior gerencia mantuvo fuera de operación quince filtros por lo que la poblaciónvestuvo recibiendo, y consumiendo, agua con niveles de arsénico superiores a los que establece la norma como máximo tolerable por el humano.

Eso tiene aún mayor trascendencia que el desfalco, pues impacta directamente en la salud y calidad de vida de la población.

Lo que está dando ahora a conocer la autoridad, confirma lo que desde 2019 venían denunciando organizaciones ciudadanas que señalaban la falta de funcionamiento de filtros a pie de pozo.

Para la Comarca Lagunera, particularmente para Torreón, desde hace décadas se viene arrastrando el problema de la presencia de altos niveles de arsénico en el agua, a consecuencia de la profundidad a la que se tiene que bombear por el abatimiento de los mantos freáticos. Por ello la importancia del tan manoseado programa federal “Agua Saludable”, que derivará agua de las presas para el abasto urbano.

Sin embargo en lo que quedan concluidas las obras para que el agua de las presas llegue a las plantas tratadoras y de ahí a las redes de distribución domiciliarias, falta todavía un buen tiempo, y este año hay una nueva norma que disminuye la tolerancia a la cantidad de arsénico, que se tenía establecida en 25 microgramos por litro, y ahora no podrá ser superior a 10 microgramos por litro en el agua para consumo humano.

Ante la magnitud del reto que esto representa Torreón tendrá que desplegar medidas emergentes, y una de las que se contempla es que haya filtros en cada hogar, sin embargo no se ha dicho cuánto costaría esto, ni quién va a asumir el costo.

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Un año y medio se tardaron en iniciar las obras que en octubre de 2020 Andrés Manuel López Obrador prometió para la región Carbonífera.

En Pasta de Conchos el Presidente prometió obras en beneficio de las comunidades “las que se requieran, esto es agua potable, drenaje, pavimentación de las calles, escuelas, hospitales, vivienda…”

Sin embargo la promesa alcanzó únicamente para cinco obras, renovación de un polideportivo; construcción de un campo de béisbol infantil; rehabilitación de un parque lineal; renovación de una plaza y un módulo deportivo, y el memorial en Pasta de Conchos.

Invertirán 253 millones de pesos en esas obras para la Carbonífera que se adjudicaron, todas, a empresas foráneas. En 2019 el gobierno federal invirtió casi tres veces más en obras para Acuña y Piedras Negras.

Ese compromiso con la Carbonífera y las familias mineras que tanto ensalzó el Presidente en la realidad se va diluyendo.

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