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Por Eduardo J. De La Peña

El gobierno federal, a través de varias de sus dependencias, sostiene en la región Carbonífera de Coahuila un juego perverso en el que manipula realidades, deja de lado a la comunidad y construye una gran cortina de humo para no transparentar la adjudicación de contratos por más de tres mil millones de pesos para suministro de carbón a la CFE.

El tema corre en varias pistas, pues por un lado se tienen los compromisos de reparación integral con los deudos de Pasta de Conchos, y por otro lo que tiene que ver con la actividad productiva y la economía de la región.

En cuanto a los compromisos de reparación integral, a su vez giran en dos ejes principales, uno el de los trabajos para intentar la recuperación de los cuerpos; y otro las obras sociales que se harán en la región.

La semana anterior estuvo en la Carbonífera Luisa María Alcalde Luján, secretaria federal del Trabajo, quien en forma deliberada ha ido marginando a un grupo de deudos, pasando por encima de que fueron estos quienes iniciaron el procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de donde se derivó la recomendación al Estado Mexicano que motivó precisamente el plan de reparación y sus compromisos.

Si la forma en que el gobierno cumple con el plan no satisface a los deudos, no se tendrá por atendida la recomendación del organismo internacional, y esto parece no entenderlo Alcalde Luján, quien se muestra más preocupada por el calendario sexenal que por atender lo que es interés de las víctimas.

Lo que se puso en evidencia durante la gira de la Secretaria del Trabajo, aunque ella lo omite en las declaraciones, es que han surgido nuevas demoras en las obras para intentar el rescate, y a las que se tuvieron por la tardanza en las licitaciones, se sumó que hubo trámites entrampados nada menos que con la Secretaría de la Defensa Nacional para la utilización de explosivos.

Pero además en la Carbonífera se afirma que obras como la construcción de lumbreras no avanzan al ritmo necesario, en parte por la falta de experiencia de las constructoras a las que se contrató, y en parte porque las están haciendo con especificaciones sobradas, muy excesivas a lo que realmente se requiere.

El rompimiento de los funcionarios federales con los deudos se da porque a pesar de esas demoras, y de la falta de certeza en el rescate, ya hasta se adjudicó la construcción del memorial, cuando este tendría que simbolizar el cierre de todo el proceso, no admiten que haya memorial sin rescate, ni están de acuerdo en que se imponga un diseño de monumento, como se impusieron las otras obras que hará Sedatu en diferentes municipios y en las que no se consideraron las necesidades prioritarias de la región.

En la otra pista tenemos la parte productiva, lo que tiene que ver con la actividad económica de la región, es decir con la minería del carbón y esto desde luego va vinculado a la adjudicación de pedidos o contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual se mantiene con gran secrecía y en la más completa opacidad.

Lo que se sabe es que Comisión tiene proyectado comprar 3 millones 200 mil toneladas de carbón para los próximos treinta meses. Esto representaría contratos que rondan los 3 mil 500 millones de pesos, lo que no queda claro es a quién se le van a adjudicar.

Los últimos grandes contratos que asignó CFE en mayo del año anterior fueron para tres empresas propiedad de la familia Flores Guerra, la alcaldesa de Múzquiz, Tania, su hermano Antonio, y un grupo de prestanombres.

El secretismo con el que se maneja esta nueva adjudicación da a pensar que nuevamente habrá una decisión de este tipo, con una clara orientación política y la previsión de ir armando la alcancía que necesitará el partido en el poder para los procesos electorales del año próximo.

No hay licitación abierta para estos contratos, y se dice que por correo electrónico se ha invitado a un grupo de productores para que participen como proveedores. Son menos de sesenta se dice en la Carbonífera.

En febrero la CFE adjudicó al Servicio Geológico Mexicano un contrato por poco más de un millón y medio de pesos para la verificación de minas, 15 de carbón no coquizable y 40 de carbón coquizable, en la región Carbonífera de Coahuila.

Son 55, el número coincide con lo que se especula en la región, y seguramente desde entonces la Comisión Federal ya tenía definidos los sitios de donde piensa abastecerse, y que con tanto celo guarda.

No es menor lo que les toca hacer a los dos geólogos que deben participar en ese servicio de verificación, pues a ellos les corresponderá verificar que la obra minera exista, que esté en operación, y que se encuentre en el sitio del que el proveedor tiene concesión.

También les corresponderá validar las reservas estimadas, que se tenga la infraestructura necesaria, y “verificar de manera general las condiciones de seguridad”.

Si el Servicio Geológico avala como proveedor confiable, se supondría que sobre esta instancia recaerán entonces responsabilidades si algo sale mal. Como mal ha estado saliendo con todas esas explotaciones improvisadas a las que les están comprando el carbón los proveedores consentidos de la CFE, que tienen contactos y contratos pero no minas.

¿Cuándo se develará la cortina y se dará a conocer la adjudicación de contratos?.

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Escrito por Redacción

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