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Por Eduardo J. De La Peña

Finalmente la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que abrir la información –aunque no el procedimiento—sobre los nuevos contratos para el suministro de carbón en sus termoeléctricas de Nava.

A cuenta gotas la paraestatal va publicando en su portal de licitaciones las solicitudes de oferta que, en un nuevo procedimiento de adjudicación directa, ha hecho hasta ahora a 35 compañías de la región Carbonífera.

Como ya se anticipaba no hay licitación, se alude a un “dictamen de excepción”, que solo se menciona pero no se presenta el documento, y así se encaminan para adjudicar pedidos para los siguientes 30 meses, de julio de este año a diciembre de 2024, es decir incluso después de que concluya la actual administración federal.

En el primer bloque de 17 empresas, los pedidos totalizan 854 mil toneladas. Como referencia en mayo del año anterior, a la Minera Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, hermano de Tania la alcaldesa de Múzquiz, en uno solo de los tres contratos que le adjudicaron, le hicieron un pedido por 898 mil toneladas, operación con valor de 806 millones de pesos.

Ahora se cuidan de no dirigir todos los pedidos a un mismo círculo, por lo pronto han convocado a 35, pero no se descarta que este viernes haya solicitudes de oferta para 15 o 20 productores más.

“Salpican” a muchos, favoreciéndolos con no tener que competir en una licitación pública, en una claro propósito de tenerlos gratos por los tiempos políticos que se avecinan.

Pero hasta en círculos de la cuarta transformación hubo expresiones de desaprobación cuando la mañana de este jueves se conoció de la asignación directa, un procedimiento que ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil comprometidas en el combate a la corrupción.

Y conforme se van conociendo los nombres de los agraciados con los pedidos, va aflorando también información sobre sus cuentas pendientes.

Por ejemplo del primer bloque saltó de inmediato a la vista el nombre de Carkim Industrial, de Eduardo Morales Martínez, empresa que tuvo accidentes en 2010, 2012 y 2014, en los que murieron al menos nueve mineros.

Pero además Carkim ha sido señalada como responsable de la inundación el año pasado en Micarán, en Rancherías municipio de Múzquiz, donde murieron otros siete mineros.

Sería importante que la CFE de a conocer no solo las invitaciones a sus elegidos y los montos que ofrece comprarles, sino también los dictámenes de las evaluaciones que contrató al Servicio Geológico Mexicano, para saber si estos proveedores tienen

realmente concesiones mineras; si cuentan con las reservas para abastecer lo que se les está pidiendo; y, sobre todo, si cuentan con la infraestructura y las medidas de seguridad necesarias.

Habrá que seguir atentos procesos que tienen implicaciones sociales y económicas para una región en específico, y políticas para el estado.

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En otros temas, muy comentado el buen gesto que tuvo el ex alcalde de Saltillo Manuel López Villarreal al donar para el DIF de Piedras Negras un auto que obtuvo como premio en una rifa para contribuyentes cumplidos en aquél municipio.

Viene el recuerdo de una situación que allá en los noventa le tocó a Manuel López vivir cuando era alcalde de la capital, y acudió con su padre, presidente en ese entonces del Grupo Industrial Saltillo para pedirle que ese corporativo no aprovechara los descuentos que en los primeros tres meses del año se ofrecían a quien pagara el predial, pues si lo hacían después del cuarto mes habría una mayor recaudación que le sería muy útil a la ciudad.

No prosperó la gestión, pues Don Isidro tuvo que hacer ver a su hijo que a él le tocaba rendir cuentas a los accionistas del GIS y no podría justificar el haber dejado pasar la posibilidad de pagar menos impuestos.

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Y ya que se habla del Ayuntamiento de Saltillo, hay nuevo Contralor Ciudadano. Esta semana asumió el cargo Fernando Morales Ayala, quien seguramente mucho tendrá que aportar a partir del conocimiento cercano que tiene de la administración pública y la gestión de proyectos.

Un área en donde pudiera empezar a poner atención el Contralor Ciudadano es la de Catastro Municipal, pues aunque nadie habla de corrupción o desvíos, sí se acumulan las quejas en contra del director Severo Galván Cornejo, pues los trámites se resuelven con demasiada lentitud.

Dicen los notarios que ni siquiera con la titular del Registro Público de la Propiedad en Saltillo, Monika Zertuche Sánchez, batallan tanto, y eso ya es mucho decir.

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El martes, en una reunión a la que acudieron embajadores de varios países, y en la que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda hablaron de las estrategias para resolver la crisis forense en México, se destacaron los resultados que en Coahuila se han tenido con el Centro Regional de Identificación Humana, a cargo de Yezca Garza. Al menos se reconoce lo que se hace bien.

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