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Por Eduardo J. De La Peña

¿Por qué trabajadores mineros quedaron atrapados en pozos de carbón que se inundaron el miércoles en Agujita?

En conceptos de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, “la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas”.

Ya lo hemos retomado anteriormente, es el discurso de la funcionaria federal en Pasta de Conchos en octubre de 2020, cuando prometió “Memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición”.

Es oportuno recordar lo que dijo y comprometió la Secretaria del Trabajo en aquél entonces, pues cobra vigencia ahora que ha ocurrido este nuevo accidente:

“Como parte de nuestras acciones prioritarias está la de combatir la corrupción y hacer cumplir la normatividad laboral en el sector minero. En lo que respecta a la región, especial énfasis pondremos en garantizar el cumplimiento de la norma 32 sobre seguridad para minas subterráneas de carbón”.

De lo que se conoce hasta ahora en torno a lo ocurrido el miércoles, hay al menos tres incumplimientos con lo que dicta la norma 32, que obliga al patrón a dar aviso a la Secretaría del Trabajo cuando se presente un accidente y aquí sabemos que el responsable de la explotación minera lejos de dar aviso huyó; también obliga a contar con un registro de los trabajadores que ingresan a la explotación, y en este caso 24 horas después no se puede precisar quiénes están atrapados, ni siquiera cuántos son; y el tercer incumplimiento es el equipo de protección con el que se debe dotar a cada minero.

Pero aún más, la Ley Federal del Trabajo establece, en la fracción segunda del Artículo 343-C como obligación para el patrón “Contar, antes y durante la exploración y explotación, con los planos, estudios y análisis necesarios para que las actividades se desarrollen en condiciones de seguridad, los que deberán actualizarse cada vez que exista una modificación relevante en los procesos de trabajo”.

En este caso no hay planos, se supo desde el miércoles y lo confirmó este jueves el gobernador Miguel Ángel Riquelme al visitar el lugar del accidente. No hay planos y por eso no se supo sino hasta más de 24 horas después de dónde fluyó el agua que inundó los tres pozos.

En 2020 dijo Alcalde Luján: “En el pasado, el indicador de éxito de las inspecciones era la cantidad de visitas efectuadas a un centro de trabajo, no importaba qué sucedía durante las visitas o si tenía algún tipo de efecto. Esto se prestaba mucho para simulación y para hacer cuentas alegres, no basadas en resultados… Ahora, en vez

de concentrarnos en la cantidad, nos enfocamos en realmente identificar si existe algún tipo de irregularidad y, si la existe, que haya una acción correctiva”.

Al emitir un comunicado sobre el accidente del miércoles, la Secretaría del Trabajo del gobierno federal se limitó a señalar: “Esta mina inició operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía”.

No había denuncias de anomalías, dicen, la pregunta es ¿la inspeccionaron alguna vez bajo los pulcros criterios que comprometió Luisa María Alcalde?.

Cabe apuntar que su encomienda en Pasta de Conchos no fue el primer acercamiento de Alcalde Luján con la minería del carbón, ya en 2012 cuando era diputada federal –representando a Movimiento Ciudadano—y cuando junto a panistas como Marcelo Torres Cofiño y Esther Quintana votaba una reforma a la Ley del Trabajo para prohíbir los “pocitos”, la señora decía:

“Los pocitos que operan principalmente en el estado de Coahuila, se han convertido en semilleros de lesionados, de heridos y mutilados de toda índole, de viudas y huérfanos y constantemente también de fortunas mal habidas, de narcotráfico, de impunes y de familias millonarias… Las minas no tienen ventilación, no están reforzadas las paredes ni los techos, así que el riesgo de derrumbes es constante.

Y por si todo esto fuera poco, ya afuera el panorama tampoco es muy alentador. Los mineros no tienen seguridad social, no tienen contratos ni prestaciones de ningún tipo, sus salarios son de hambre y las jornadas extenuantes, la necesidad y la pobreza los orillan a aventurarse dentro de estos peligrosísimos pozos, sabiendo cada vez que no existe ninguna certeza de que van a salir ilesos o siquiera a salir de ellos”.

También era diputado federal en ese entonces –representando igualmente a MC por Guerrero en la cuarta circunscripción– Ricardo Mejía, y en ese mismo debate señaló: “entre los casos “más tristes” de la industria del carbón, está el de los pocitos y tiros verticales, donde incluso niños son utilizados para sacar el material y después de arriesgar la vida, deben entregar el carbón a “coyotes” que negocian y operan en colaboración con la única empresa autorizada para vender ese recurso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Paradójico, Mejía Berdeja fue quien intervino este año para que la CFE adjudicara sin licitación nuevos contratos de suministro de carbón, y parece que al Subsecretario de Seguridad ahora no le pareció mal que esos contratos fueran precisamente para “pocitos” como los que se han siniestrado esta semana en Agujita.

¿Medidas de no repetición?, tal parece que el gobierno federal y sus funcionarios apuestan más bien a la sí repetición.

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