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Por Eduardo J. De La Peña

En la región Carbonífera ha trascendido que la semana anterior, en los terrenos de la mina siniestrada en Rancherías, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde y el director de la Unidad “de trabajo digno”, Alejandro Salafranca Vázquez, tuvieron una platica con Eduardo Rubén Morales, propietario de la explotación minera.

Morales les habría asegurado a Alcalde y Salafranca que el contratista o rentista Gerardo Nájera se haría responsable del siniestro y pagaría a la familia de cada uno de los siete mineros muertos una indemnización de cien mil pesos.

Incluso la alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Flores, ha difundido esa versión.

La gran duda es si Nájera se hará cargo también de las multas que impondrá el IMSS por no haber tenido a tres de los siete mineros afiliados al momento del accidente, ¿o eso se los dejará a los representantes legales de Micarán, Sergio Antonio Ramos Valdés y Jesús Enrique Sánchez García?.

Pretender compensar a cada familia con cien mil pesos, equivale a 700 mil pesos por los siete mineros fallecidos. De acuerdo con la ley, cuando un trabajador muere por un riesgo de trabajo, sus beneficiarios reciben una indemnización de cinco mil días del salario que devengaba, es deir que por cada uno es casi un millón de pesos, que el Seguro Social pagará, pero por los tres no afiliados debe cobrarlos al patrón ¿esos tres millones de pesos, más otras prestaciones, multas, actualizaciones y recargos, también los asumirá Nájera?.

Aún más, ¿asumirá la responsabilidad penal?, pues las hay en los fueros estatal y federal.

¿Por qué la secretaria Alcalde no informó oficialmente de este diálogo y acuerdo?.

Lo que llama a burla es la denominación que han dado al cargo de Salafranca, “director de trabajo digno”, cuando en la minería, principalmente en la del carbón a pequeña y mediana escala, se trabaja en las peores condiciones.

De Salafranca dependen las inspecciones sobre seguridad e higiene en los centros de trabajo, y hacia él apuntan las omisiones en Micarán. ¿Qué más se podía esperar de alguien que llega a ese cargo sin experiencia alguna?.

Alejandro Salafranca, es licenciado en Etnohistoria, y su carrera en el sector público se limita a haber sido director de estrategia digital de la Secretaría de Cultura, de donde brincó a jefe de delegaciones de la Secretaría del Trabajo, y luego le adornaron el nombramiento inventando la “Unidad de Trabajo Digno”.

Hace un par de meses, en abril, el Sindicato Minero Metalúrgico, que dirige Carlos Pavón, pidió la destitución de Salafranca por presionar a Americas Gold and Silver para imponer a Napoleón Gómez Urrutia como representante de los trabajadores de la mina San Rafael, en Cosalá Sinaloa.

Y por cierto este lunes la Secretaría del Trabajo y la de Economía anunciaron una inspección a la mina San Rafael.

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Pero si la falta de experiencia de la secretaria Alcalde y su digno Salafranca son cuestionables, más lo es aún la actitud cínica de Manuel Bartlett quien ante las evidencias de su indiferencia ante las denuncias por las condiciones en las minas en Rancherías, salió a redes sociales a acusar al gobernador de Coahuila.

No fue muy lejos por la respuesta, también en redes sociales Miguel Riquelme con puntualidad y contundencia le contestó: “es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo” le dijo además de adjuntarle copia de las cartas que en octubre anterior le entregó el colectivo Familia Pasta de Conchos.

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Este lunes por la mañana Ricardo Monreal anunció que a la reunión que tendría horas después con el grupo parlamentario de Morena en el Senado se incorporaría Armando Guadiana, que reasume sus funciones sin embargo al parecer no participó en ese encuentro virtual que tuvieron para definir la agenda legislativa.

De cualquier manera el Senado sigue en receso y no regresará a sesiones hasta septiembre.

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Con todo y que el cómputo y recuento ya confirmaron que perdió la reelección por más de 4 mil 700 votos, Melba Farías Zambrano promovió una impugnación, y ahora el asunto se irá a los tribunales.

Si ese empeño que pone ahora Melba en defender los casi 2 millones de pesos anuales que gana como diputada, lo hubiera puesto en las causas de los electores de la región Centro tal vez habría tenido mejores resultados.

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Escrito por Redacción

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