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Por Eduardo J. De La Peña

Hace una semana, el viernes 11, ocurrió en la región Carbonífera un nuevo accidente minero, ahora en el municipio de Escobedo. Hasta el momento ninguna autoridad, ya sea municipal, estatal o federal ha sido notificada del siniestro en que un trabajador resultó lesionado.

Recurrir a una clínica privada para atender al minero herido les permitió a sus patrones evadir la intervención de las autoridades.

Juan Muñiz, como se llama el minero que resultó lesionado, salvó la vida, pero no sabe si podrá volver a trabajar, pues una semana después aún no puede mover sus piernas; tampoco sabe quien es el dueño de la mina, ni si está afiliado o no al Seguro Social.

Vive pero respecto a su futuro, y el de sus tres hijos, todo es incertidumbre.

Estamos ante las mismas negligencias que se han señalado en cada uno de los accidentes mineros, y en esta ocasión con un ingrediente adicional –que igual se ha dado en otras ocasiones—de que no se notificó a la autoridad, lo cual plantea la urgencia de una revisión legislativa.

Si los diputados quieren realmente aportar a un cambio, más allá de meros pronunciamientos y puntos de acuerdo en tribuna, tendrían que establecer una previsión legal para que todo médico o centro de salud que conozca de un accidente en las minas lo notifique a las autoridades laborales y penales. Algo similar a lo que ocurre –o debería ocurrir—cuando a los hospitales llega un herido de bala o una mujer golpeada.

Es necesario cerrar esos espacios a la evasión de responsabilidades.

Y ya que entramos al terreno legislativo, también ha quedado manifiesta la necesidad de que se impulse la creación de un cuerpo profesional de rescatistas, que cuente con la capacitación y equipo para intervenir en este tipo de accidentes.

Se ha conocido que la recuperación de los cuerpos de los siete mineros que murieron en Rancherías, costó a Minera del Norte más de 21 millones de pesos, por los salarios de sus rescatistas y técnicos, además del equipo y logística que se requirió, y esta empresa participó, como lo ha hecho en el pasado, de manera solidaria.

Ninguna institución, ni en la región ni en el estado, tiene un cuerpo de rescate con las capacidades necesarias en una tragedia de este tipo. Aquí es donde la Comisión Federal de Electricidad debería demostrar que es, como presume, una empresa socialmente responsable y aportar para una brigada, o también podrían los legisladores federales recuperar algo del Fondo Minero para una inversión de esta naturaleza.

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Equiparables a sus atributos y alcances son los pasivos con los que carga Rubén Moreira. Su apocado desempeño en la gestión legislativa que está por concluir, que contrasta con aquél que reclamaba a cacerolazos a Felipe Calderón, se atribuye a que prefirió pasar desapercibido y dada su vulnerabilidad no confrontarse con la cuarta transformación.

Nada indica que ahora como coordinador de los diputados priistas las cosas vayan a ser diferentes.

Por lo demás el PRI apostó por un estratega y operador eficaz, y se olvidó de la imagen pública. ¿Cuántos de los que en junio le dieron el voto a ese partido como una última oportunidad o como la opción menos peor, habrán tenido un temprano desencanto?.

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Con todo y que la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos trataron de restarle importancia al incidente en que la Guardia Nacional detuvo en Piedras Negras a Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante en Saltillo, hay que registrar el hecho, tenerlo presente y analizarlo.

Xicoténcatl viajó a la frontera para participar, junto a representantes de organismos internacionales, en un ejercicio de observación respecto a las condiciones en que viven personas migrantes que quedaron varadas en su anhelo de llegar a los Estados Unidos.

Si recordamos que en las últimas semanas el vecino país ha detenido y deportado a decenas de migrantes que cruzaron por Piedras Negras sin que ni el Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Nacional hayan actuado contra los traficantes de personas, llama a sospecha que en un “operativo de rutina” se haya detenido, así fuera por unos minutos, a Xicoténcatl.

¿No estaremos ante un acto intimidatorio para desalentar al activista a que investigue lo que está ocurriendo en la región fronteriza de Coahuila?.

La Casa del Migrante anticipó que llevará el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esperemos a que formalice su queja y que el organismo se sacuda la modorra en que ha permanecido durante los últimos meses y realice una investigación al respecto.

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Escrito por Redacción

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