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Por Eduardo J. De La Peña

Es evidente que el Ministro Arturo Zaldívar escarmentó en cabeza ajena, y aunque tardíamente pues dejó correr la polémica por cuatro meses, finalmente ya anunció que dejará la Presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura el último día de diciembre de 2022, es decir al concluir el periodo original para el que fue electo.

De esta manera Zaldívar se desmarca de la irregular reforma que mayoriteó Morena en el Senado para extender por dos años el nombramiento.

Desde que se aprobó la reforma los más destacados juristas de este país hicieron ver que era algo por completo irregular y apartado de la Constitución, y sin embargo Zaldívar primero optó por el silencio y luego envió el asunto al análisis de uno de los Ministros.

Ahora, en plena crisis del Tribunal Electoral, donde los Magistrados defenestraron a su Presidente por su comportamiento apartado de la legalidad, Zaldívar se anticipa y para evitar que le ocurra algo similar descarta extender su periodo. Hacerlo ahora le resta decoro, pues da la impresión de que es una reacción preventiva y no una cuestión de principios y apego a la legalidad.

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Allá por mayo, al calor de las campañas por la alcaldía, llamó la atención en Saltillo la presencia por los rumbos de la plaza de toros de un camión de la Minera Huajicari cargado con dos toriles, los cajones de acero y madera en que se traslada a los toros de lidia desde las ganaderías hasta los cosos taurinos.

Se descartó que trasladaran toros, y nunca se precisó que había dentro de tan hermético “empaque”.

Ahora viene el recuerdo, porque en un camión muy parecido, de carga, y no en un autobús de pasajeros, eran trasladados trabajadores de la empresa MINSA – que al igual que Huajicari es de los Guadiana Tijerina—que resultaron lesionados en un accidente carretero ocurrido en Barroterán.

“Transportan a los mineros peor que si fueran animales”, cuestionó en redes sociales la Organización Pasta de Conchos, en alusión a las condiciones indignas e inseguras en que se traslada a los mineros a los centros de trabajo.

Pero además el accidente, en que dos trabajadores murieron, puso en evidencia otra situación, el camión de MINSA chocó con una camioneta de RODENSA, otra razón social con la que MICARAM sigue explotando los yacimientos de Rancherías en donde ocurrió la inundación de junio que cobró siete vidas.

Incluso se identifica a una de las víctimas del accidente José Francisco Nieto, como uno de los trabajadores que publicó en redes sociales fotografías en que el y sus compañeros aparecían tomando cerveza dentro de las minas.

Justo esta semana en que se ha vuelto a poner en la agenda pública el tema de las medidas de no repetición a las que se comprometió el gobierno federal, este nuevo accidente, aunque vial, viene a confirmar que la falta de supervisión de las autoridades del trabajo incrementa el riesgo para los mineros, pues si cualquiera que transite en un vehículo lleva el riesgo de un percance, cuando se viaja en camiones improvisados y sin las medidas de seguridad mínimas, las consecuencias son mayores.

Y siguiendo con la región Carbonífera, este viernes se conoció que el minero Juan Muñiz, quien tuvo un accidente el once de junio en Obayos, del cual inicialmente no se dio parte al IMSS, permanece postrado en su domicilio y al parecer con una incapacidad permanente.

Muñiz, quien trabajaba para Consorcio AG, uno de los proveedores favorecidos con contratos de suministro para la CFE, ha declarado que sus patrones lo abandonaron y aunque el IMSS lo está atendiendo en su rehabilitación, el pago de la incapacidad no es suficente ni equiparable a lo que percibía cuando trabajaba.

Un caso más en que se reporta un salario menor al que realmente perciben los trabajadores, una práctica fraudulenta pero muy común entre los empresarios del carbón.

Ni patrones ni autoridades de ningún nivel se preocupan por Juan Muñiz y su familia, un caso como tantos otros que se repiten en la región Carbonífera.

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