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Por Eduardo J. De La Peña

Las nuevas reglas y criterios que definió el Infonavit respecto a las ubicaciones y los servicios en los desarrollos de vivienda, y que entran en vigor en mayo del año próximo, a querer o no le meterán nuevamente pausa al proyecto de Ciudad Derramadero, que va ya para quince años de que se anunció y no ha logrado avanzar.

El Consejo del Infonavit establece en sus nuevas reglas de carácter general que a partir de mayo de 2022 financiará únicamente viviendas que tengan a cuando mucho dos kilómetros de distancia escuelas primarias, centros de abasto, espacios recreativos, así como vías principales, y escuelas secundarias y establecimientos de salud a cuando mucho dos kilómetros y medio.

El centro de población más cercano al proyectado desarrollo, y el único que cumpliría con la regla de la distancia no mayor a dos kilómetros, es el ejido Providencia, que tiene menos de 500 habitantes actualmente, y desde luego su escuela no sería suficiente para hacer frente a la demanda que generaría la primera etapa, que en octubre de 2018 se dijo sería de 3 mil 400 viviendas.

Ciudad Derramadero se comenzó a esbozar cuando el hoy Secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández fue alcalde de Saltillo, por allá en el 2006.

De aquél entonces a la fecha se ha ido consolidando el desarrollo industrial y se llevaron a la zona escuelas de educación superior, pero hasta ahí. También cambiaron de manos más de mil hectáreas de terrenos, y hoy en día todos los desarrolladores de vivienda y parques industriales en Saltillo tienen reservas territoriales en Derramadero.

Mucho se dice que los desarrolladores no son los únicos que han comprado en Derramadero, sino que también le han “apostado” al proyecto dirigentes del sector laboral, como Hugo Díaz Covarrubias, cabeza del Sindicato de la Industria Automotriz, y hay quien dice que hasta el líder de la CTM Carlos Aceves del Olmo.

En marzo de 2019, un año antes de la pandemia, el propio Hugo Díaz decía que a Derramadero le faltaba todo, y se refería precisamente a lo que hoy está exigiendo el Infonavit para poder financiar vivienda.

Pero ojo, no son los de ubicación los únicos nuevos criterios del Infonavit, también están los de movilidad, y establecen que los tiempos de traslado de las viviendas financiadas a escuelas y centros de trabajo deben ser máximo de 30 minutos a pie, 20 en bicicleta y 45 en transporte público.

Teniendo en cuenta eso, los desarrollos que se están vendiendo actualmente son inviables para quienes trabajan en Derramadero y les es imposible el traslado a pie o en bicicleta, y en los servicios de transporte especializado dificilmente hacen menos de 45 minutos.

De acuerdo con personas relacionadas con el ámbito del desarrollo urbano, y que han conocido de cerca el proyecto de Derramadero, comentan que este no ha detonado porque hay una resistencia de los trabajadores de ir a vivir a aquélla zona, lejana de donde está el resto de su familia y sus actividades sociales y de esparcimiento, incluso se dice que ni los ejecutivos de las empresas trasnacionales que vienen a visitar las plantas se quieren hospedar en los hoteles que allá se han abierto, pues no les gusta aislarse de la ciudad.

Las nuevas reglas del infonavit, que son un planteamiento nacional y no algo específico para Derramadero, parecerían ser de justicia y de una gran lógica, aunque desde luego cabría preguntar quién va a abrir escuelas, hospitales y centros comerciales en una zona donde no vive nadie aún.

¿Quién de los desarrolladores de vivienda se anima a empezar a negociar con la 4T para que estas reglas del Infonavit no se conviertan en un círculo vicioso que empantane a Derramadero?.

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Y a propósito de pantanos, como se temía la polémica por “Agua Saludable para La Laguna” cayó en la madeja de las instancias judiciales, y aunque se esperaba para este lunes una resolución al juicio de amparo promovido por los ambientalistas, la audiencia constitucional fue pospuesta indefinidamente porque la Comisión Nacional del Agua presentó una queja y el asunto se fue a un tribunal unitario, en el que se podrían tardar hasta dos semanas en resolver, y regresar el asunto al juzgado de distrito.

Y mientras tanto la cuenta regresiva no para. 3 de octubre es la fecha límite que estableció el Presidente para que haya acuerdos, o no hay proyecto.

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Lectores de Saltillo y de Torreón hacen notar que las autoridades fueron bastante frías con los bomberos de ambas ciudades, en la conmemoración de su día que fue el domingo, pero que además la sociedad fue de plano indiferente.

En Saltillo el Ayuntamiento se acordó de los bomberos y envió para cada uno un paquete de carne. En Torreón anunciaron que les darían equipo de trabajo.

Es cierto, son empleados municipales, pero prestan un gran servicio a la comunidad. ¿No merecen un reconocimiento de comerciantes, restauranteros e industriales?.

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Escrito por Redacción

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