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Por Eduardo J. De La Peña

Si bien es una buena noticia que el accidente minero del martes en la región Carbonífera no haya terminado en tragedia, y que los cuatro mineros que estuvieron atrapados por varias horas en un pozo de carbón hayan resultado ilesos, lo ocurrido puso en evidencia varias anomalías que se siguen presentando en aquella región y que las autoridades no deben de soslayar.

El primer reporte a las autoridades se recibió por medio de una llamada anónima a las líneas de emergencia poco después de las siete y media de la tarde del martes, refiriendo que al norte de Obayos –un ejido del municipio de Escobedo– dos o tres horas antes se había derrumbado una mina y que al parecer había personas atrapadas.

…”Refiere que los mismos trabajadores de las minas cercanas son los que andan buscando personas pero comenta que no han pedido ayuda, desconoce el nombre de la mina, solicita apoyo”, señala el reporte levantado por las corporaciones de seguridad en la Carbonífera.

No hay reporte, versión o comunicado oficial de ninguna autoridad, pero fue poco después de las nueve de la noche que se conoció que los mineros habían sido rescatados, la llamada de auxilio se generó a las siete y media, y el accidente habría ocurrido al menos dos o tres horas antes. Estuvieron atrapados entonces cuando menos tres horas y media, aunque hay quienes dicen que fueron ocho.

Obayos está a poco más de sesenta kilómetros de Sabinas, si se hubiera avisado a las autoridades del accidente en cuanto ocurrió, la ayuda habría llegado en menos de una hora.

En cambio dejaron a trabajadores de la mina siniestrada y de otras cercanas intentar el rescate, y lo hicieron en condiciones tan precarias, que de acuerdo con el testimonio de un empresario minero a este Índice, estuvieron utilizando una tina de 20 litros para retirar el material que obstruía el acceso. La obstrucción tenía cuatro metros de profundidad.

Ocultar los accidentes es una practica en la que reincide Consorcio Minero A.G. y Cía de Ariel Gómez, y nuevamente en este accidente sale a relucir el nombre del capataz o encargado Guillermo Flores Rangel, asociado a otros siniestros ocurridos en semanas anteriores.

El 11 de junio, también en Obayos, hubo un desprendimiento en una mina, y el trabajador Juan Muñiz resultó lesionado, pero ni se avisó a las autoridades ni se le llevó para atención al Seguro Social, sino a una clínica privada.

Muñiz identificó en ese entonces al contratista como Margarito Puente, y a “Memo” Flores como encargado. Y después se supo que el trabajador estaba afiliado al IMSS por Consorcio Minero A.G. como patrón.

Juan Muñiz aún convalece de las lesiones sufridas y ya hubo otro accidente.

Lo ocurrido el martes no fue un derrumbe, la mina quedó obstruida por tierra que se deslavó de la pared de un tajo cercano, lo que vino a confirmar el riesgo del que hace varias semanas advirtió la Organización Familia Pasta de Conchos, se hacen nuevas explotaciones en terrenos adyacentes a tajos abandonados, que además están inundados, y no hay garantías de la estabilidad del terreno.

Sería utópico pensar que algún día una actividad productiva como la minería llegue al riesgo cero, pero en definitiva hay prácticas y mecanismos para atenuarlos, además de normas y protocolos que se deben de seguir, y en el caso de este Consorcio A.G. estamos ante claros incumplimientos que las autoridades federales del trabajo solapan.

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También el Secretario de Salud Roberto Bernal tuvo un posicionamiento respecto a la resolución que votó el martes la Suprema Corte y señaló que ningún médico puede ser obligado a practicar un aborto.

Precisamente ese es otro de los pendientes en la agenda del máximo tribunal, resolver sobre la objeción de conciencia, es decir si un médico por principios personales o creencias religiosas se puede negar o no a interrumpir un embarazo.

La discusión al respecto se dará en los próximos días.

Y más allá de los tribunales, en la esfera de las autoridades administrativas, queda el resolver cómo se resolverá en los hospitales públicos el atender los abortos. En el caso de la Ciudad de México hay catorce unidades médicas en donde se practican gratuitamente, ¿se imitará la medida en Coahuila?, ¿lo harán también el IMSS y el ISSSTE en todo el país?.

Lo resuelto por la Corte hasta ahora tiene que ver con no perseguir penalmente a la mujer que decide abortar, nada se ha dicho respecto a si se obliga o no a las instituciones de salud a esa práctica.

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Escrito por Redacción

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