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Por Eduardo J. De La Peña

Seguía anoche el estira y afloje en la Cámara de Diputados para definir las presidencias de las comisiones legislativas. Las definiciones tendrán que conocerse hoy jueves para que las vote el pleno.

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En el norte de Coahuila se dice que la semana anterior, cuando a causa de la crisis migratoria Estados Unidos tuvo que reforzar la vigilancia en Del Río, desplazaron a personal de Eagle Pass y la circunstancia fue aprovechada por no pocos coahuilenses que también están en la necesidad de ir a buscar sustento al vecino país, principalmente habitantes de la región Carbonífera que siguen afrontando una situación económica por demás adversa.

Ha quedado en evidencia que los buscadores del sueño americano no fueron los únicos que pretendieron aprovechar el momento, también las bandas delictivas vieron una ventana de oportunidad para traficar droga a mayor escala, como el cargamento de metanfetaminas que decomisaron el jueves anterior en la aduana de Eagle Pass que se estima alcanzaría un valor de mercado superior a los 400 millones de pesos.

Por lo pronto las investigaciones se extienden a Piedras Negras, en donde se dice tiene su base la compañía de transporte que movilizó el contenedor en que ocultaban la droga.

Seguramente el tema estuvo sobre la mesa durante la reunión que este miércoles tuvieron los Cónsules de Nuevo Laredo y de Monterrey con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien los recibió en Palacio de Gobierno.

En la reunión acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y de Seguridad, Sonia Villarreal, pero no participó el Fiscal Gerardo Márquez. ¿A poco ya lo alcanzó el cruel frío?.

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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en un análisis del proyecto de presupuesto de egresos para 2022, pone de manifiesto el mal trato del gobierno federal a varios estados de la República, desde luego Coahuila entre ellos.

En cinco de los estados del país pretenden concentrar más del 24% de los recursos programables, con inversiones que superan los 200 mil millones de pesos, se trata de Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Veracruz y Estado de México.

Hay un segundo bloque de seis entidades con un gasto previsto mayor a los cien mil millones, ahí están Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, y Chihuahua.

Y luego 21 entidades a las que se destinarán, montos menores a los 100 mil millones, como Coahuila en que se identifican recursos por 83 mil millones.

El legítimo reclamo de justicia distributiva no tiene una vez más respuesta en este proyecto de presupuesto, ¿qué tanto margen de maniobra irán a tener los diputados federales para cambiar criterios y prioridades? ¿rescatarán algo para nuestro estado?.

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El dirigente en la entidad de Movimiento Ciudadano Alfonso Danao de la Peña sigue recorriendo la entidad para integrar comités municipales de su partido.

Afirma Danao que tienen ya comité integrado e instalado en quince municipios; se han concentrado durante las semanas recientes en la Carbonífera y los Cinco Manantiales, y el siguiente paso, por emblemático, es constituirlo en Progreso, considerado el municipio más priista del país.

En algunos grupos se siguen manejando dudas respecto a si Danao mantendrá o no la dirigencia de Movimiento Ciudadano, pero por lo pronto no afloja el paso y hace todo lo posible por conservar el control de lo que hay e incorporar nuevos cuadros aprovechando las expectativas que generó este partido con su reciente triunfo en la gubernatura de Nuevo León.

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Llamó mucho la atención que la manifestación de taxistas del martes se haya dado frente a la Presidencia Municipal y con un bloqueo del bulevar Coss, cuando el reclamo que hicieron público tenía que ver más bien con la subsecretaría estatal de Transporte y Movilidad.

Incluso el lunes cuando convocaron a la movilización se anticipó que una de las demandas sería el cese del subsecretario Rodolfo Navarro Herrada, bajo el supuesto de que es tolerante con las redes de transporte que ofertan el servicio a través de aplicaciones digitales.

Pero lo cierto es que se ha avanzado en el registro de estas redes, cuando menos una de las tres empresas que dan el servicio ya regularizó su operación, y la protesta la dirigieron los taxistas al Ayuntamiento.

¿Será que el fondo no es la competencia que le representan Uber y similares, sino que algunas organizaciones pretenden presionar para que se les otorguen nuevas concesiones antes de finalizar esta administración?.

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Escrito por Redacción

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