Invasiones en la impunidad


En el tintero

Por: Jessica Rosales

Todos sabemos que la nula actuación de las autoridades provoca que delincuentes sobre todo aquellos de “cuello blanco” trabajen a su antojo y libre albedrío en perjuicio de algunos ciudadanos y, en general, de toda la sociedad.

Este jueves en Saltillo, volvió a evidenciarse un caso de influencia y abuso de poder por parte de un empresario gasolinero que, dicen, está operando bajo el amparo de alguna autoridad para despojar de su propiedad a dos mujeres empresarias Carmen y Cristina Berlanga Durán.

Las dueñas -por más de 25 años- de la superficie donde se encuentra instalada la Plaza San Agustín acusaron a Humberto de Jesús Zambrano Aguirre de amenazas y hostigamiento en contra de ellas y 14 locatarios que han padecido una serie de abusos de poder, pues la intervención de policías municipales y servidores públicos ha sido más en perjuicio que para bien.

Y es que sin orden judicial ni documentación que avale sus acciones, la abogada de Humberto de Jesús Zambrano Aguirre, Eulalia Jazmín García Solís acompañada del notario público 110 i Manuel Ceniceros González, intentaron desalojar a los comerciantes, incluso hace algunos días colocaron candados dejándolos encerrados al interior, sin la intervención de ninguna autoridad.

Dijeron ser víctimas de hostigamiento y amenazas, así como solapamiento por parte de algunas autoridades para afectar su propiedad y a los comerciantes que se instalaron en el lugar.

Para acreditar su propiedad, las afectadas mostraron escrituras del terreno, así como el pago de predial; además de explicar que dicha plaza fue adquirida el 26 de abril de 1995, según consta en la escritura pública 132 ante el notario Armando Prado Delgado.

Revelaron que con escrituras apócrifas amparadas por el notario público Gilberto Garza -ya fallecido-, y ante la ignorancia de elementos municipales estas personas impiden que se actúe conforme a la ley, pues muestran un presunto permiso de construcción otorgado por el municipio.

¿Cómo es posible que les hayan otorgado el permiso si ellas cuentan con los documentos que las acreditan como propietarias, incluso ante el propio Municipio?

Urge que las autoridades municipales revisen la situación pues podrían estar siendo víctimas de engaño. Además, es necesario la intervención de un juez, para lo cual las afectadas ya presentaron la denuncia correspondiente.

Lamentablemente no es el primer caso de intento de despojo e invasión en Saltillo, así que es urgente que los legisladores analicen el tema y den certeza jurídica a las familias que han padecido de todo para demostrar que sus propiedades son producto del esfuerzo y el trabajo y evitar que de buenas a primeras, líderes u políticos con intereses oscuros intenten beneficiarse a la brava.

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