El gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, enfrenta un escenario cada vez más complejo en su relación con la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump. A la inminente renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se han sumado en las últimas semanas dos factores que intensifican las tensiones: la seguridad y el combate al crimen organizado.
El primer frente abierto para la administración de Sheinbaum fue la controversial revelación de la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos durante un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua. Este incidente, que resultó en la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, generó fuertes reacciones en México.
La Fiscalía de Chihuahua confirmó el 19 de abril el fallecimiento de dos estadounidenses, identificados como “instructores de la Embajada”, en un accidente automovilístico tras participar en una operación para desmantelar laboratorios clandestinos de drogas en el municipio de Morelos. Días después, se confirmó que los fallecidos eran, en realidad, agentes de la CIA colaborando con autoridades mexicanas.
Sheinbaum lamentó lo ocurrido y, a la vez, expresó que su gobierno no estaba al tanto de la presencia de estos agentes. Cuestionó al Gobierno de Chihuahua y anunció que se investigaría una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional de México, la cual regula la cooperación internacional. La presidenta también aseguró que solicitaría explicaciones al embajador de Estados Unidos y enfatizó que no se tolerarán vulneraciones a la soberanía nacional.
Acusación contra un gobernador, disyuntiva para la presidenta
A estas tensiones se añadió un nuevo elemento esta semana: el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una acusación formal contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. Se les atribuyen delitos de narcotráfico y armas por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas a territorio estadounidense. Todos los implicados han rechazado categóricamente los cargos.
Las acusaciones contra Rocha representan un golpe significativo tanto para el gobernador como para el partido Morena, al que pertenecen él y Sheinbaum. La presidenta abordó la situación en una conferencia de prensa, señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará las solicitudes de detención con fines de extradición enviadas por Estados Unidos y solo procederá si existe evidencia suficiente.
Sheinbaum afirmó: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. Subrayó la postura de México de no permitir la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones soberanas.
Mantener “cabeza fría”, ¿una estrategia en declive?
Analistas consultados coinciden en que estas acusaciones incrementan la presión de la administración de Donald Trump sobre Sheinbaum en materia de seguridad, planteándole una compleja disyuntiva. Por un lado, si Sheinbaum no actúa contra Rocha, podría tensar aún más la relación con Estados Unidos y afectar las negociaciones del T-MEC, un aspecto que Trump vincula implícitamente a la cooperación anticrimen.
Por otro lado, si la presidenta procede con la acusación y ejerce presión para que Rocha deje su cargo, podría complicar su relación con el partido Morena, especialmente con facciones cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta situación pone a prueba la capacidad del gobierno mexicano para navegar entre las exigencias externas y las dinámicas políticas internas.
José Luis Valdés Ugalde, académico de la UNAM, sugiere que la estrategia de “cabeza fría” que Sheinbaum ha mantenido frente a Trump podría estar llegando a su límite. Considera que la diplomacia personal ya no es suficiente, ya que Trump parece decidido a escalar la presión hasta obtener una respuesta. Este es un momento crucial para Sheinbaum, quien debe decidir si deslindarse de figuras cuestionadas dentro de su partido o proteger la soberanía nacional.
