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La DEA negó cualquier responsabilidad en Masacre de Allende en Coahuila

La DEA (Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés) en México negó cualquier responsabilidad en los ‘incidentes’ de la llamada masacre de Allende en Coahuila, a pesar del hecho de que sus Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU) estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel y su líder entre 2008 y 2016.

La agencia sostuvo que “no hay evidencia” que pruebe que desde el interior de las SIU se filtró la información que llevó a la muerte de cientos de personas en Allende, Coahuila, por parte de sicarios entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, publicó el diario Milenio.

Según la DEA, ‘no hubo ninguna evidencia que conecte a la unidad SIU de México y a la oficina de la DEA en el país con los hechos’.

Las respuestas de los agentes entrevistados y las observaciones de los auditores arrojan una nueva luz sobre cómo respondió la agencia antidrogas de EU en 2010 y 2011 e incluso dan cuenta de que también hubo errores en el manejo de la crisis.

La agencia estadunidense admitió que no investigó a fondo el hecho ya que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales en territorio mexicano.

“La DEA enfatizó que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales o administrativas de personal extranjero en territorio extranjero”, argumentó.

La agencia concluyó que “no existe evidencia de que la oficina de la DEA haya notificado a Washington del incidente de Allende”.

La masacre tuvo lugar entre los días 18 y 20 de marzo 2011 en el municipio de Allende, Coahuila. Aquel día, sicarios a bordo de camionetas irrumpieron en el municipio para arrasarlo como castigo por una traición que llevó a la DEA a acercarse a algunos de sus líderes. Destruyeron viviendas y un número indeterminado de personas (entre 45 y 300, según versiones) fue desaparecido.

Las víctimas vinculan estos hechos con el penal de Piedras Negras, convertido en centro de exterminio a cargo de Los Zetas. Actualmente faltan 7 órdenes de aprehensión por ejecutar y ya han sido condenados algunos responsables. Sin embargo, la investigación por las responsabilidades políticas queda pendiente. La FGR se comprometió con las familias pero, a día de hoy, sigue sin iniciar pesquisas.

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Escrito por Redacción

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