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Llamado a la impunidad

En el tintero

Por Jessica Rosales

A pesar de lo innecesario que resulta la consulta popular que se efectuará en México el primero de agosto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está empeñado en derrochar millones de pesos para un asunto que, más que enaltecer el supuesto compromiso de la 4T a la aplicación de la justicia, es un llamado a la impunidad.

¿Qué pasaría si la mayoría de los ciudadanos decide que no es necesario enjuiciar a los expresidentes aún y cuando hayan cometido acciones que, por ley, deben de ser investigadas y sancionadas? ¿Los resultados de la consulta podrían ser un permiso a la impunidad?

Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Suprema Corte cambió el cuestionamiento.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado.

Es importante decir que la justicia no debe depender de la opinión de una o de millones de personas mediante una consulta, pues a nadie le preguntan si está de acuerdo o no que se investigue y sancione una violación, un asesinato o un robo, está en la ley.

La consulta popular, hay que decirlo, es un instrumento muy valioso para los ciudadanos, pero ¿por qué no se utilizan en temas realmente prioritarios, incluso, polémicos, pero de interés social y no político?

¿Por qué el presidente no consultó a los ciudadanos si estábamos de acuerdo en la eliminación de fideicomisos o en las políticas publicas que se implementan contra el feminicidio?, un grave problema de seguridad en el país que sigue creciendo. ¿Por qué no consulta si estamos de acuerdo en las decisiones que esta tomando su gobierno o en el manejo de las instituciones?

Obviamente, al menos esta consulta, es un circo político. Si los expresidentes tienen pendientes legales que se juzgue y se sancione. Lo dice la ley.

¿Acaso le tiembla la mano para enjuiciar a sus antecesores, porque las instituciones a cargo no tienen la capacidad de llevar procesos de este tipo? Insisto, esto podría convertirse en un llamado a la impunidad, aunque López Obrador esta acostumbrado, ¿o no fue México

quien absolvió al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, porque, a decir del Presidente, ello afectaba la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional? Lo anterior, a pesar de los resultados de la investigación en Estados Unidos que le acreditaban responsabilidad por tráfico de drogas.

Sin importar esto, el INE instalará este 1 de agosto más de 57 mil mesas en las que estarán cerca de 286 mil funcionarios para recibir la opinión de hasta 93.4 millones de votantes.

El reto de López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es que acuda el 40% del censo, unos 37.4 millones de electores, para que el resultado sea vinculante.

Seguramente el primero de agosto los ciudadanos le dirán al Presidente de la República que debe hacer su trabajo y, a costa del erario público, de unos 500 millones de pesos, habrán que recordarle que lo único que tiene que hacer es aplicar la ley sin distingos ni colores políticos, no solo en estos casos sino en todos los que ameriten.

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