Por si no lo recuerda, señor Presidente


Por: Marcelo Torres Cofiño

La situación de violencia en México está cada día peor. En el mismo periodo de diciembre a julio, al inicio del Gobierno de Calderón, hubo 7 mil 61 homicidios dolosos; con Peña Nieto fueron 12 mil 528 muertos y ahora con López Obrador casi el doble, 23 mil 27. El país se está desangrando y es evidente que el Gobierno federal no está siendo capaz de contener la masacre.

Por supuesto que podemos culpar al pasado, porque las condiciones que gestaron el clima violento del presente son históricas. Pero se espera que un Gobierno que tanto habló muestre con hechos su capacidad para resolver los problemas.

Sin embargo, lo más grave no es que estén siendo rebasados por la violencia, sino el reconocimiento de que desde la Secretaría de Gobernación se sostienen conversaciones con grupos delictivos. Y cuidado que no estoy en contra de hacer política y privilegiar el diálogo sobre cualquier forma de violencia. Pero lo que está ocurriendo en México vulnera el estado de derecho y la vida institucional.

Voy a poner un ejemplo: los diálogos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se dieron de manera abierta, con transmisiones en directo. Cuba y Noruega participaron como países mediadores, en tanto que Venezuela y Chile fungieron como observadores del proceso.

El resultado de las conversaciones fue sometido a plebiscito, siendo rechazado por la mayoría de los ciudadanos, lo que obligó al Gobierno colombiano y a la guerrilla a reparar el documento para ser finalmente ratificado por el Senado y la Cámara de Representantes hacia finales de noviembre de 2016.

Lo que intento ilustrar es que no debe haber negociación alguna entre el Estado y un grupo irregular, las autodefensas incluidas, si no se hace de cara a la nación y si no se garantizan ciertas condiciones que impidan un arreglo que viole lo establecido en la Constitución y en las leyes que de esta emanan.

Imaginemos que las conversaciones que sostiene la Secretaría de Gobernación implican, como algunos han sugerido, que se les deje operar tranquilos a los cárteles de la droga a cambio de que se terminen las ejecuciones. Tal vez como solución resultaría atractiva, pero a todas luces ilegal y, además, pasajera, porque no se estaría resolviendo el problema de fondo.

Sé que la tentación es grande, sobre todo, cuando es tan evidente el fracaso y cuando por tanto tiempo se trivializó el problema y se utilizó para el golpeteo político. Pero ni López Obrador ni nadie tiene el derecho de jugar con el destino del país de esa manera.

Si la apuesta va a ser por el diálogo, primero se tienen que establecer reglas claras que impidan que ocurran pactos siniestros entre el Gobierno y los criminales; lo que, además de todo, sería una ofensa muy dura contra las víctimas de la violencia y sus familias que ya en su momento dijeron “no” ante la posible amnistía.

Sería por demás grave una rendición de facto ante los grupos delictivos; porque entonces ya nada impediría que manden en el país o, por lo menos, en grandes zonas del territorio nacional. De verdad, Presidente, así no. Usted juró defender la Constitución, por si no lo recuerda.

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