Premio o castigo


En el tintero

Por Jessica Rosales

Pocas horas duró la celebración de los maestros de Coahuila tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el cobro de cuotas por servicio médico a maestros coahuilenses, pues el gobernador de Coahuila asegura que esto es una carga para el estado y los más afectados serán los propios docentes.

Luego de que la Corte acreditó que se violentaban los derechos de los maestros, echó abajo las modificaciones a la Ley del Servicio Médico aprobadas en Coahuila en 2018, que permitían a la entidad aplicar una serie de cobros extras a maestros de Coahuila, por decreto del Ejecutivo y el aval de la mayoría en el Congreso local. La pregunta es ¿con la reacción del Ejecutivo, se reflejará como un premio o un castigo?

Dichas modificaciones permitían por el concepto de Copagos, que maestros jubilados, pensionados y en activo pagaran conceptos extras por medicamento, rayos X, cirugías o servicios hospitalarios, a parte de las aportaciones que se aplicaban por parte del gremio de forma anual, quincenal o mensual.

El pleno analizó las acciones de inconstitucionalidad 109 y 110/2019 que a petición de la Coalición de Trabajadores de la Educación del Estado fueron presentadas a la máxima autoridad judicial por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nueve integrantes de la 61 Legislatura del Congreso del Estado.

Luego del fallo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el daño a las finanzas estatales por la decisión del pleno se estima entre 130 y 150 millones de pesos, adicionales a los 255 millones que actualmente se pagan por este concepto y que para el estado será una carga. Advirtió que los más afectados serán los propios maestros. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuáles serán las repercusiones directas a los docentes?

“Sí afecta a las finanzas del estado, sí hay una repercusión pero creo que dentro de esto, lamentablemente los más perjudicados son los maestros. Nosotros nos estaríamos reuniendo con la dirigencia y estudiando la parte magisterial que nos permita hacer una revisión actuarial para tener la realidad en la operación del servicio médico”, fueron las declaraciones del Mandatario en reciente entrevista.

El gobernador advirtió que el Estado no cuenta con recursos ni la capacidad para solventar este concepto, este ni los próximos años, por lo que se llevará a cabo una revisión actuarial en el Magisterio y consideró que los más afectados serán los propios docentes.

“Tendríamos que buscar una seguridad social para ellos que también tiene un costo de alrededor de 160 millones de pesos. Hay alrededor de 15 mil activos y de 8 mil maestros jubilados, pensionados, buscaremos la mejor solución. Nosotros somos respetuosos de la decisión de la Suprema Corte”, dijo el Mandatario.

¿Qué les espera a los maestros? En los últimos años de ser un gremio privilegiado por varios sexenios, se convirtió en uno de los más castigados.

Ahora se dice que los afectados serán los maestros, deberían serlo, pero esos que robaron a manos llenas y desfalcaron los recursos que por años han aportado los docentes producto de su esfuerzo y trabajo.

Ahí están las denuncias de la Auditoria Superior del Estado contra las dirigencias de la Sección 5 y la 38, ¿Qué ha ocurrido? Absolutamente nada, deberían iniciar por ahí, aunque eso le corresponde directamente a la Fiscalía General del Estado, dar seguimiento a la Auditoria Superior y la exigencia de legisladores. 

Solamente en la 38 se estima un desvío por mil 300 millones de pesos y en la Sección 5 de 60 millones que podrían ser muchos más, ¿No se recuperarán esos recursos? Seguramente no.

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