Rechazan prohibir a AMLO señalar a Ancira como culpable de un delito


Un juez federal rechazó prohibirle al Presidente Andrés López Obrador hacer manifestaciones públicas en las que señale a Alonso Ancira como culpable de un delito, al estimar que imponerle el silencio negaría a la sociedad el acceso gratuito a información de un tema de interés público.

El juzgador también se negó a obligar al jefe del Ejecutivo Federal a expresar públicamente que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) es inocente hasta que se demuestre lo contrario, argumentando que el Presidente no es competente para hacer este tipo de pronunciamientos.

Gabriel Regis López, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, negó la suspensión provisional que solicitó el empresario para que el Mandatario federal no volviera a presentarlo como culpable y aclarara en su conferencia matutina que por ahora Ancira es inocente, al no existir sentencia sobre su responsabilidad.

Regis concluye que los daños y perjuicios que ocasiona el Presidente al violar la presunción de inocencia de Ancira, son menores a los que puede generarle a la colectividad el silencio informativo del Ejecutivo Federal sobre el caso de presunta corrupción que le imputan al empresario.

“Procede negar la suspensión provisional solicitada, pues de actuar en sentido contrario se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, puesto que se negaría a la sociedad el acceso gratuito a la información pública respecto de un tema de relevancia e interés público, lo cual es una cuestión de orden público”, resolvió el juez.

“Por lo que los daños y perjuicios que pueden generar a la colectividad al restringir la obtención de información a través de las respuestas emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal en la conferencia de prensa aquí reclamadas o posteriores, es superior al que pudiera resentir la parte quejosa”.

Ancira presentó este amparo contra las manifestaciones de López Obrador en su conferencia del pasado 20 de agosto, deonde señaló que los delitos en su contra no han prescrito y debe pagar el daño ocasionado por el caso de presunta corrupción de Agronitrogenados.

Al empresario le imputan sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex comprara a AHMSA la planta “chatarra” de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real. Actualmente está sujeto a un juicio de extradición en España por un supuesto lavado de dinero.

El juez Regis argumenta que López Obrador no debe aclarar que por ahora Ancira es inocente de dicha imputación, porque sus expresiones o respuestas en las conferencias matutinas no son vinculantes para los jueces y magistrados que en su momento deberán juzgar al empresario.

“No son vinculantes para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, ni para las diversas autoridades en los asuntos de su competencia, relacionados con la situación jurídica de la parte quejosa, por lo que no resulta procedente la suspensión para el efecto de que emita una manifestación pública en la que reconozca abiertamente que el quejoso Alonso Ancira Elizondo es inocente a la fecha de cualquier delito que se le impute, hasta que no exista una sentencia definitiva que lo condene como penalmente responsable del mismo”, señala el juez.

“Pues no se trata de la autoridad competente para emitir una determinación en los términos solicitados, ni puede ser considerado como una efecto inmediato ni relacionado con los actos reclamados”.

Agrega que las manifestaciones que pudiera hacer el Presidente contra Ancira son hechos futuros e inciertos contra los que no procede la suspensión, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo prevé suspender actos futuros de “inminente realización”.

El juez Regis expone que las conferencias del Mandatario federal permiten a la sociedad tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar información e ideas, lo cual es imprescindible como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual.

También subraya que este ejercicio de comunicación es una condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país.

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