Este miércoles, la Cámara de Diputados de México analiza la polémica reforma de supremacía constitucional, impulsada por Morena, que busca bloquear la posibilidad de impugnar reformas a la Constitución. La iniciativa plantea modificar los artículos 105 y 107 para que no procedan controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad ni amparos contra adiciones o cambios a la Constitución, limitando el papel del Poder Judicial en su revisión.
El proyecto ha suscitado preocupación en la oposición y en organizaciones civiles, quienes temen que esta medida elimine una herramienta crucial para controlar el abuso de poder, mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que se trata de un paso para reforzar el Estado de derecho y consolidar el orden constitucional. La presidenta defendió la reforma afirmando que no introduce cambios de fondo, sino que “ratifica lo ya previsto en la Ley de Amparo”.
Desde la perspectiva oficialista, la reforma frenaría el “activismo judicial” que en ocasiones ha invalidado leyes aprobadas por el Congreso. Sin embargo, voces como la del abogado constitucionalista Miguel Carbonell, advierten que esta modificación es “muy peligrosa” al cerrar los canales de defensa judicial ante reformas constitucionales que puedan ser arbitrarias. Parlamentarios de la oposición, como César Alejandro Domínguez del PRI, argumentan que la propuesta “atenta contra la división de poderes y el sistema democrático del país”.
La diputada del PVEM Ruth Silva Andraca defendió la propuesta al afirmar que solo el Congreso debe tener la facultad de modificar la Constitución, mientras que la legisladora Katia Castillo Lozano de Morena señaló que la reforma “consolida la certeza jurídica”. En contraposición, la diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes, opinó que se le priva a la ciudadanía de su derecho a defenderse de posibles abusos.
Si es aprobada, la reforma también tendría un efecto retroactivo, eliminando procesos judiciales en curso que cuestionan reformas recientes, entre ellas la reforma judicial de Sheinbaum. Según el análisis de México Unido Contra la Delincuencia, este cambio representaría un retroceso para los derechos humanos en México, ya que impide la revisión constitucional y deja a los ciudadanos sin una vía para impugnar reformas que puedan afectarlos.
